De acuerdo con la publicación, el Ejecutivo acordó aprobar la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos fueron vulnerados, para que la misma se cumpla  entre el 2015 y 2029.

Esa política pública será aplicada en comunidades de Chicamán, Quiché; Santa Cruz y San Cristóbal  Verapaz, Alta Verapaz y San Miguel Chicaj, Rabinal y Cubulco, en Baja Verapaz, y la comisión Presidencial  coordinadora de la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos será el ente responsable  de coordinar su  cumplimiento.

El acuerdo comienza a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial.

Peticiones

Una de las peticiones que hacía la Cocacich era que esos recursos fueran incluidos en el presupuesto de cada año, lo cual fue incluido y publicado y la responsabilidad de hacer las gestiones presupuestarias la tendrá la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

Un equipo de 16 abogados empezó por discutir si era un pago por daños causados a 33 comunidades en el marco de derechos humanos, un resarcimiento o por daños y perjuicios.

Finalmente se excluyeron los daños y perjuicios porque prescriben después de 20 años y los determina un juez, quien fija el monto, como lo indica el Código Civil.

La construcción de la Hidroeléctrica Chixoy perjudicó a 11 mil 833 pobladores y por el proyecto habrían sido ejecutadas unas 434 personas. Los sobrevivientes se mantienen en medio de la pobreza.

A finales de enero de este año, Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas, que establece que ese país no podrá votar a favor de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para Guatemala, si no muestra progresos en los procesos de adopciones y el resarcimiento de las familias damnificadas con la construcción de la hidroeléctrica.

Chixoy los olvidó

La construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, la más grande e importante de Guatemala, hace más de 30 años, significó progreso, desarrollo y productividad para gran parte del país, pero para más de dos mil 300 familias que habitaban a orillas del cauce de ese afluente, la represa representó el cambio de una vida de paz a una de tormento, miseria y, en muchos casos, muerte.