“Los Archivos de la Paz se crearon en 2008, con la función de digitalizar y analizar archivos militares para establecer violaciones a los derechos humanos, pero esto le corresponde a la comunidad de derechos humanos, y la investigación de delitos le corresponde a la Fiscalía”, explicó ayer el funcionario, en entrevista con Prensa Libre.

Al menos 17 técnicos de esa dirección recibieron el lunes último el aviso de despido, efectivo a partir del 29 de junio. El Archivo está emplazado por el sindicato de trabajadores, el cual prevé presentar más recursos legales para frenar las acciones.

Investigaciones

Los investigadores de los Archivos de la Paz han editado nueve libros que abordan temas desde adopciones ilegales en la época de la guerra; niñez desaparecida, el Diario Militar, archivos de la Policía Nacional y un acercamiento al desarticulado Estado Mayor Presidencial.

La continuación de este último era el proyecto que ocupaba a la Dirección —en fase de planificación—, indicó el investigador Azarías Perencén.

Los expertos también han fungido como peritos en procesos judiciales en casos de genocidio y deberes contra la humanidad que prosigue el Ministerio Público (MP) en los tribunales, incluido el que se sigue contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt —1982-1983—.

Arenales Forno aseguró que esas no son razones para mantener con vida la entidad.

“Hoy por hoy se tomó la decisión de eliminar la Dirección, cancelando contratos por los que no encuentro justificación y la función de una dirección a la que no le encuentro sentido”, afirmó.

Aseguró que eliminar esa unidad forma parte de una restructuración, debido a que cuando llegó a la Secretaría de la Paz (Sepaz) halló más de 300 puestos en el renglón 0-29.

IMpacto

Las investigaciones publicadas por el Archivo de la Paz incluyen cadenas de mando con fechas en que hubo masacres, así como torturas y desapariciones en la guerra interna, que duró 36 años y que finalizó en 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz.

Se encuentran más de dos millones de documentos digitalizados, donde figuran nombres de militares y civiles, así como de los desaparecidos Maritza Urrutia y Santiago Cabrera, e incluso del exmandatario Jorge Serrano Elías y el presidente Otto Pérez Molina.

Aunque Arenales Forno dijo que aún no ha decidido dónde quedarán los archivos electrónicos, podría ser en el Archivo General de Centro América.

Incluso había un convenio de cooperación entre el Archivo de la Paz y el MP, el cual pierde efecto y, a criterio de la fiscal de Derechos Humanos, Aura Mansilla, podría afectar futuros procesos.

“Rescatamos información antes del cierre, pero ya con el tiempo, al ver los expedientes, si necesitamos más datos podría haber problemas”, refirió.

Arenales Forno dijo que solo le corresponden investigaciones con fines de resarcimiento, pero no para establecer posibles delitos.

También aseguró que en el país no hubo genocidio, porque eso es la “eliminación de un grupo nacional, étnico y religioso”, lo cual no ocurrió. Afirmó que “pudo haber masacres o abusos” entre personas vinculadas con la insurgencia o contra la insurgencia, cometidos en función del enfrentamiento.