Las medidas de inconstitucionalidad son contra cinco artículos del decreto 4-2012, denominada Antievasión 2, y la otra, contra nueve del decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.

Castillo explicó que en lo que respecta al 4-2012 se prevé que se tomen como crédito fiscal las facturas del pequeño contribuyente.

Debido a que como está actualmente la ley se desestimula a la micro, pequeña y mediana empresas. “Vemos un abuso en las acciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sat), como consecuencia de esta nueva ley”, afirmó el empresario.

En relación con el 10-2012 resaltó que se aborda la presunción de onerosidad, donde la Sat establece un precio de mercado. “Y uno tiene que estar pagando transacciones bajo ese precio”, refirió.

También se incluyen acciones por los costos y gastos deducibles, así como pérdidas cambiarias y la inversión que los empresarios hacen en vivienda, hospitales, educación y recreación para los empleados, todo relacionado con el impuesto sobre la renta.

Señala a centeno

Castillo explicó que las acciones son como consecuencia de la irresponsabilidad del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, por haber presentado una ley que no fue consensuada.

Se intentó conocer la versión de Centeno, pero no respondió las llamadas.

Además, Castillo reconoció que hay consensos en el diálogo con el Gobierno, los cuales deben ser presentados al presidente Otto Pérez Molina para convertirlos en iniciativa de ley.

La vicepresidenta Roxana Baldetti aseguró: “No vamos a romper la mesa de diálogo, independientemente de que lleguemos al acuerdo final”.