CIUDAD DE GUATEMALA  – Optar a una reelección “es algo que aún no he decidido y depende de distintos análisis que estoy realizando”, explicó a periodistas la fiscal, cuya gestión es destacada por organismos internacionales como un avance en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.

El pasado 5 de febrero la CC, máxima entidad judicial del país, aceptó un recurso de un abogado y estableció que el periodo de cuatro años de Paz y Paz concluye en mayo, a pesar que ella asumió el cargo el 9 de diciembre.

“El nombramiento vence en diciembre porque el anterior fue nulo. Yo no sustituí a una persona que renunció, fue un nuevo proceso con una nueva lista de aspirantes”, aseguró Paz y Paz, durante un acto de gobierno en el Palacio Nacional de la Cultura, en la capital.

Paz y Paz reemplazó a Conrado Reyes, quien debió abandonar el puesto antes del vencimiento de su plazo, debido a las denuncias que pesaban en su contra por supuestos vínculos con grupos criminales.

La decisión de la Corte, que acorta por siete meses la gestión de Paz y Paz, provocó una ola de rechazo de organizaciones humanitarias y jurídicas internacionales.

“Creemos que la desafortunada decisión de la Corte menoscaba gravemente la credibilidad del sistema judicial de Guatemala”, afirmó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch  (HRW) en una misiva enviada el viernes al presidente guatemalteco, Otto Pérez.

El gobernante guatemalteco debe elegir al nuevo fiscal general entre seis candidatos que serán presentados por una comisión de postulación avalada por el Congreso.

Según datos de la Fiscalía, durante la gestión de Paz y Paz Guatemala logró reducir la impunidad de un 95% a un 70%.

Además, entre otros, emprendió la tarea de investigar casos por masacres, desapariciones forzadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra que vivió el país entre 1960 y 1996.