Abuso, explotación, trata y segregación son algunos de los riesgos a los que están expuestos los menores que se encuentran en los hogares de protección del Estado.

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Se visitaron 11 instituciones públicas y privadas a donde fueron trasladados, y el informe “Todavía en peligro: Voluntarismo internacional, segregación y abuso de niños, niñas y adolescentes” detalla las “graves” violaciones a las que han estado expuestos los niños y los adolescentes.

Según DRI, unos 180 menores, víctimas de la tragedia, continúan institucionalizados, de ellos 120 tienen alguna capacidad diferente. Ellos han sido transferidos a las instituciones Abrigo y Bienestar Integral (ABI), Alida España, Ónice I, Nidia Martínez, Ónice II, Ónice III, y dos centros residenciales en la zona 1 y en la zona 3; y las instituciones privadas: Dorie's Promise, Esperanza de Vida, y Hope for Home.

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Durante el monitoreo, la entidad internacional visitó dos instituciones privadas para niños con capacidades diferentes en Antigua Guatemala, y evidenció que allí los menores enfrentan abandono, condiciones inhumanas y degradantes y abusos que pueden constituir tortura.

Allí las niñas tienen el pelo corto y visten igual que los varones, y pese a que pueden mover los brazos, los alimentan con biberones. También los encierran en jaulas y los mantienen amarrados a sillas alrededor del patio principal. Está práctica, según Juan E. Méndez, ex Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, puede “causar atrofia muscular, deformidades e incluso la falla de órganos vitales, y agrava el daño psicológico”, agrega el informe.

Mientras que una trabajadora social de Virgen del Socorro refirió que las familias con dicha condición no cuentan con los recursos para darles a sus hijas e hijos los cuidados que necesitan (nutrición, fisioterapia, entre otros) por lo que son llevados a estos hogares.

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Según el informe, el gobierno de Guatemala gasta 45 veces más en mantener a un niño con capacidades diferentes en una institución que en apoyar a sus padres para que lo mantengan en su casa. La institución hace un llamado para evitar la institucionalización y que los menores permanezcan en el seno familiar.

En relación al informe del DRI, Marguin Bautista, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, mencionó que han seguido las recomendaciones planteadas por la Procuraduría de Derechos Humanos en relación a buscar la perfilación de los menores que se encontraban en el hogar Virgen de la Asunción para ubicarlos en distintas residencias de abrigo.

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Niñas abusadas

Rosental aseguró que en los hogares las niñas “son violadas y obligadas a prostituirse” y recordó que ello provocó el 8 de marzo del 2017 una protesta que terminó en un incendio con 41 menores fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción.

“Encerradas y sin la protección de la familia y la comunidad, las niñas, niños y adolescentes corren un riesgo mucho mayor de explotación, abuso sexual y físico, y trata con fines laborales”, sostiene el documento.

Rosentahl afirmó que un año después de la tragedia, DRI encontró que las 15 sobrevivientes del incendio “siguen estando en riesgo” porque en lugar de invertir en apoyar a las familias, en el país se crean nuevas instituciones.

“Es muy contundente el informe. Seguramente a partir de este estudio que se nos presentó hoy (el lunes), se deben verificar los extremos, porque hay indicios de que pudieran tratarse de hechos delictivos, lo cual tendría que ponerse en conocimientos del Ministerio Público”, dijo el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. 

Voluntarismo

El informe del DRI también evidenció el voluntarismo internacional, por medio del cual extranjeros vienen al país por cortos períodos de tiempo para apoyar en orfanatos, pero esta práctica se ha convertido poco a poco en un próspero negocio.

El director ejecutivo de la organización internacional indicó que hay voluntarios que pagan hasta US$1 mil por tener la oportunidad de ayudar a los huérfanos, pero no se dan cuenta que la gran mayoría de niños en instituciones -un 95%- “no son huérfanos, sino que son entregados por madres y padres desesperados porque no tienen recursos para alimentarlos”.

Se denuncia, además, que en algunos de estos orfanatos se permite a los voluntarios dormir en la misma habitación de los menores, lo cual representa un riesgo.

Bautista indica que la Secretaria de Bienestar Social le ha dado seguimiento al tema del voluntariado en los orfanatos, pero quien “lleva los casos es el Ministerio Público, que tiene que determinar el proceso de investigación y los extremos correspondientes”.

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