En la manifestación participaron representantes de unas 163 familias Maya Popti’ de la comunidad Nueva Trinidad, Escuintla, que fueron afectadas en la erupción del Volcán de Fuego.
Dirigentes indicaron que sus parcelas, cultivos e infraestructura fueron destruidos por la ceniza del coloso. En su momento, esta comunidad fue trasladada a los Albergues Transitorios Unifamiliares (ATUS) en la finca La Industria.
Ahora, los pobladores manifestaron que este lugar es inhabitable, lo que los obligó a retornar a sus tierras, que aún están en riesgo y amenaza por el coloso.
En un comunicado indicaron que los ATUS ahora son inhabitables, lo que los obligó a retornar a su comunidad.
Informaron que sus tierras fueron declaradas inhabitables por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), mediante la declaratoria de alto riesgo, con fecha 30 de julio del 2019.
Los manifestantes solicitaron al Estado de Guatemala que se efectuaran los procesos administrativos, políticos y jurídicos necesarios para ser reubicados en un nuevo territorio, es decir, en una finca que cumpla las condiciones de capacidad para que puedan cultivar y sus familias se desarrollen.
Indicaron que en respuesta de ello el gobierno en turno para ese momento, a través de la Mesa Multisectorial de Recuperación de las Comunidades Afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, se comprometió a la adquisición de una finca a través del Fondo de Tierras, siempre y cuando “nosotros buscáramos la finca y que esta se adaptara a nuestras necesidades y formas de vida, esto ha implicado enormes esfuerzos y gastos por parte de nuestra Comunidad Indígena Nueva Trinidad”.
Según los inconformes, donde habitan actualmente significa peligro permanente para sus vidas y patrimonio, debido a las constantes y violentas erupciones del Volcán de Fuego.
Señalaron: “El Estado de Guatemala ha actuado con negligencia, burocracia y falta de capacidad y transcurridos ya cinco años desde la tragedia, no ha dado una solución a nuestra problemática ante tal situación de peligro, dejándonos en absoluto y total abandono, durante los últimos cinco años no hemos recibido inversión pública ni privada y no contamos con los servicios esenciales de salud y educación, situación que vulnera nuestros derechos fundamentales”.
Afirmaron que “no existe muestra de voluntad por parte del Gobierno de Guatemala” y que ha habido excusas que se han extendido por cinco años.
Solicitaron que el Estado de Guatemala por medio de la Presidencia de la República atienda de manera “urgente e inmediata” la compra de una finca para la reubicación de la comunidad indígena Nueva Trinidad, en donde se garantice el acceso a los servicios esenciales de habitabilidad, esto debe de incluir el tratamiento como una comunidad indígena que cuenta con un medio de vida establecido dependiente de la agricultura y de la protección de los bosques, condición que debe ser determinante para recuperar su forma de vida.
También pidieron que el gobierno por medio de sus instituciones convoque e integre una mesa de alto nivel, con las instituciones públicas que se relacionen con la adquisición y adjudicación de una finca para la reubicación de la referida comunidad y que sea considerada como un caso especial.
Exigieron que se les garantice sus derechos humanos, pues “en juego se encuentra la vida de cientos de familias” que siguen permaneciendo en tierras declaradas inhabitables. Señalaron que los albergues y otros programas carecen de condiciones dignas de vida, pues se han visto afectados por el hacinamiento.
Se consultó a Presidencia respecto de lo que exigen los pobladores de la comunidad Nueva Trinidad e informó que en cumplimiento al artículo 28 de la Constitución Política de la República, la solicitud de los manifestantes fue recibida por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y representantes de FONTIERRA. Añadió que la misma será analizada de acuerdo al marco jurídico vigente y se entablará el respectivo diálogo para establecer la viabilidad de la misma.
