Al mismo tiempo, un asesor del senador Patrick Leahy, político que en aquel año impulsó restricciones para la cooperación con Guatemala debido a que no se resarcía a las víctimas de la hidroeléctrica, afirmó que el senador “usará cualquier influencia que tenga a su alcance” en búsqueda del cumplimiento de la política, cuando sea el momento oportuno.

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Producto de esas de negociaciones, el 3 de noviembre del 2014 nació el acuerdo gubernativo 378-2014 que garantizaba el resarcimiento individual y colectivo de las comunidades afectadas en 15 años, del 2015 al 2029; sin embargo, cuatro años más tarde hay pocos avances.

Juan de Dios García, representante de las comunidades, expuso que en lo que más se ha avanzado es en el resarcimiento económico a las familias, además de algunos proyectos de energía eléctrica y la construcción de una carretera de 7.5 kilómetros, pero quedan pendientes proyectos por un monto de Q1 mil millones en beneficio de los afectados.

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Además, añadió, la política incluye el acceso de tierras y la construcción de viviendas para las dos mil 329 familias que fueron desplazadas.

García señaló como responsable a las actuales autoridades la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) quienes “dicen que no tienen tiempo” para efectuar reuniones.

“Eso molesta porque este año solo han realizado una reunión y eso indigna”, expuso García, quien teme que la actitud de funcionario obedezca a una política general del gobierno de Jimmy Morales de paralizar todo que esté relacionado con resarcimiento por violaciones a derechos humanos.

Lenguaje está en la ley

Consultado un asesor del senador Patrick Leahy aseguró a Prensa Libre vía correo electrónico de que el tema de Chixoy está incluido dentro de la Ley de Asignaciones de EE. UU. del 2019.

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La ley precisa que el Comité de Asignaciones “enfatiza en la importancia de que el gobierno de Guatemala cumpla con su compromiso, conforme al acuerdo de financiamiento para el plan de reparaciones de Chixoy de manera oportuna”.

El asesor indicó que en la primera fase del cumplimiento del plan se priorizó el resarcimiento individual a las familias, pero que hay “preocupación” porque los proyectos de desarrollo social y económicos de la comunidad “no han progresado tanto como esperábamos”, aunque algunos requieren que los pobladores los seleccionen y diseñen.

Agregó que si el gobierno de Guatemala no cumple con las medidas de resarcimiento colectivas “el senador Leahy usará cualquier influencia que tenga para garantizar que lo haga” en el momento que sea necesario. 

Al respecto García indicó: “Estamos trabajando con el senador Leahy y otros senadores más, para que las sanciones sean más fuertes, y lamentamos mucho pedir acciones contra nuestro país, pero hay que hacerlo para que los gobierno sepan que se deben cumplir los acuerdos”.

DE NUESTRA HEMEROTECA

El año en que se finalizó la construcción de la hidroeléctrica Chixoy

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Se ha avanzado

Prensa Libre solicitó información del avance de la política a la oficina de Comunicación de Copredeh que respondió con un comunicado en el que aseguran, esta se ha cumplido estrictamente para atender a las familias afectadas y que a la fecha el 98 por ciento ha recibido el resarcimiento individual, aunque no mencionada nada sobre las medidas de reparación colectiva.

Al respecto del resarcimiento para las familias, para lo cual se destinó Q200 millones, las comunidades reconocen que se ha resarcido a la mayoría de afectados y que a la fecha son 155 familias de dos mil 329 las que quedan pendientes y que son casos especiales en los cuales los integrantes viven en el exterior, principalmente en EE. UU.

Resarcimiento

Para la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy miles pobladores de 33 comunidades de tres municipios de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz fueron desplazados.

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Quienes se oponían al proyecto lo pagaban con su vida. Dentro de las masacres más recordadas está la de la comunidad Río Negro, en Rabinal, Baja Verapaz, en donde 444 fueron ejecutadas por rechazar la construcción de la hidroeléctrica ya que eso representaba ser despojados de sus tierras.

En 2014 se acordó una política de reparación para lo cual se destinarían Q1 mil 200 millones, Q200 para el pago de resarcimiento económico a las familias y Q1 mil millones para proyectos de beneficio de las comunidades.

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