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Un país que no cuida a sus niños es fracasado

A punto de dar a luz, los médicos temían que su bebé naciera con cardiopatía e insuficiencia renal crónica. No fue así, pero presentó una malformación en sus manos. La agresión fue denunciada por los padres de la adolescente, aunque eso trajo la burla de la comunidad a la familia.

Ella no es la única que ha tenido que enfrentar la maternidad sin desearlo. La cifra de niñas y adolescentes que se convierten en madres a temprana edad no se ha logrado contener en el país y la ausencia del Estado en protegerlas, atenderlas y restituir los derechos que les han sido vulnerados es visible, según organizaciones que se ocupan de velar por el bienestar de la niñez.

Durante los últimos cinco años, no menos de 2 mil casos se han reportado por año, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), que toma como referencia el informe de nacimientos del Registro Nacional de las Personas (Renap) de madres entre los 10 y 14 años.

Tan solo en enero y febrero de 2019 se reportaron 456 nacimientos de madres entre 10 a 14 años. Basado en esos números, cada día siete niñas se enfrentan a la maternidad producto de una violación, una cada tres horas.

En la capital se han registrado —42—, pero son los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz los que tiene las cifras más elevadas: 62, 43 y 39, respectivamente.

Al ver el reporte completo del año pasado, el Renap registró 2 mil 256 nacimientos de niños de madres entre los 10 y 14 años. Aunque hubo cien casos menos que el año anterior, no se descarta que haya un subregistro en los datos, pues en ocasiones son familiares de las menores quienes realizan el trámite del certificado de inscripción de nacimiento.

En el país, las niñas están en seria desventaja. Según Mirna Montenegro, directora del Osar, “la violencia sexual tiene que ver con el machismo y el patriarcado. Resulta que muchos de los casos están dentro de la familia y no salen al ámbito público”.

Recuerda lo ocurrido en una aldea de Quiché, donde un líder comunitario abusó sexualmente de sus dos nietas, una de ella resultó embarazada. Cuando los padres denunciaron el hecho, los pobladores decidieron desterrar a la familia de las niñas. El abuelo continúa en el pueblo ejerciendo su liderazgo en la comunidad.

Débil sistema

La alarma de embarazos en niñas y adolescentes se enciende aún más cuando la ley tipifica —Código Penal, en su artículo 73— que estos son producto de violación sexual. Montenegro refiere que en el país no existe un compromiso “verdadero” de atender a las víctimas de este delito, cuando el 98 por ciento de los agresores son adultos, y cerca del 89 por ciento de los perpetradores son parientes de la menor agredida.

“Esas niñas fueron víctimas de violación sexual. Cómo se repara psicológicamente el daño. ¿Cómo esa niña recibe restitución de derechos, después de ser violada y ahora enfrentar un embarazo? No está preparada para ser madre y asumir la responsabilidad que eso conlleva”, indica Sergio Lobos, del Observatorio de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), para quien el Estado y la sociedad civil están fallando en garantizar el que no se vulneren los derechos de las adolescentes.

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Cada embarazo de una menor de 14 años que es atendido dentro del sistema de salud pública o privado debe ser notificado a la Procuraduría General de la Nación y denunciado al Ministerio Público; sin embargo, Montenegro menciona que las denuncias pueden ser muchas, pero no se les da seguimiento.

El informe “Guatemala: inversión en educación, prevención y atención al embarazo adolescente”, de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Plan Internacional, refiere que la mayoría de estos casos permanecen sin ser penalizados y son un reflejo de la alta incidencia del abuso a la niñez y la adolescencia en el país.

A criterio de Lobos, se hace necesario fortalecer al Sistema de Justicia, y “que los jueces tengan criterios adecuados para determinar cuándo hubo violencia sexual y que no se termine librando de culpa a los responsables”.

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“Hay un 98 por ciento de los casos que quedan sin darles seguimiento. Solo un dos por ciento son los que resuelve el Sistema de Justicia”, menciona la directora del Osar. A lo que Lobos agrega que alrededor del 90 por ciento se quedan en la impunidad.

La prevención es vital

La prevención de la violencia sexual debería darse desde los primeros años de escolaridad. “La materia de educación integral en sexualidad debería estar desde los primeros procesos formativos de los niños. Es un mecanismo de defensa contra sus posibles abusadores sexuales”, dice Lobos.

Lamentablemente, la mayoría de las niñas y adolescentes que resultan embarazadas al ser abusadas sexualmente se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. No tienen oportunidades de desarrollo integral, lo que puede replicar el círculo de miseria con sus hijos.

“Es probable que no pueda continuar con sus estudios, que sufran de estigmatización, que el padre del bebé no se haga responsable y caiga todo el peso del cuidado en la niña o adolescente”, dice Lobos.

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Garantizar la permanencia de las menores en el sistema escolar se hace necesario para que puedan continuar con su proceso de vida, pero también el Estado debe implementar planes que les permita salir adelante.

Pese a que existe el programa social Vida, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y creado para darles asistencia financiera a las niñas y adolescentes menores de 14 años que resultan embarazadas, su cobertura no sobrepasa el uno por ciento.

Hasta ahora solo 129 están activas en el programa, según los datos que reporta la cartera, cuando el año pasado se contaron 2 mil 256 nacimientos de madres menores de edad. Este programa consiste en una ayuda económica de Q1 mil 500 mensuales, cantidad que reciben ocho veces al año. Pero Montenegro señala que los “requisitos que pide Mides están fuera del alcance de las familias, por ejemplo, la judicialización del caso -medidas de protección de juez-, que no en todos los caso las dan”.

Ante esto, Lobos dice que “no basta el dinero, el Estado debería hacer todo un proceso de restitución de derechos de esas niñas y adolescentes y aún con su condición de madres les debería permitir que continúen con su proceso educativo”.

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