El viceministro de Educación, Héctor Canto, indicó que la publicación del acuerdo obedece al cumplimiento del acuerdo legislativo 116-85 que prohíbe a los establecimientos privados cobrar cuotas no autorizadas, entre ellas, las destinadas a actos de graduación. Además, es una respuesta a varias denuncias recibidas por parte de los padres de familia.

Otro de los puntos establecidos en el acuerdo es el uso y respeto del traje indígena, por lo que no se puede obligar a los graduandos a usar otra indumentaria para el acto de cierre el ciclo escolar.

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“La finalidad es prohibir a los centros educativos de todo tipo que hagan incurrir en gastos innecesarios y excesivos a los padres de familia para estos actos”, agregó, lo que incluye compra de anillos de graduación, pagos por uso de toga, salón o fiesta.

No solo se refiere a graduaciones del nivel diversificado, pues desde hace varios años en el país se acostumbra a celebrar actos especiales para los estudiantes que terminan los ciclos de preprimaria, primaria o básicos. Estos pagos también quedan prohibidos.

Diana Brown, de la Asociación de Colegios privados de Guatemala, indicó que este acuerdo “los toma por sorpresa”, especialmente por la época del año en que se publica, pues a pocas semanas de que finalice el año lectivo ya solo están a la espera de realizar los actos de graduación. “La mayoría de los costos ya han de haber sido cobrados”, agregó.

Con relación a este punto, Canto manifestó que la ley no es retroactiva y a partir de hoy queda prohibido a los establecimientos educativos realizar cualquier tipo de cobro, por lo que las cuotas que los padres de familia hayan realizado en concepto de actos de graduación no deben ser devueltas. Sin embargo, para el próximo año quedan prohibidos.

“A partir de mañana (sábado) las Direcciones Departamentales deben asegurarse de que no estén haciendo estos requerimientos u obligando a los estudiantes o a padres de familia a hacer cualquier pago”, refirió el funcionario.

Gabriel Biguria, de Empresarios por la Educación, mencionó que este acuerdo podría ayudar a que exista transparencia con relación a los gastos que los padres efectúan en los establecimientos educativos durante el año, para evitar abusos, cobros excesivos o no autorizados.

Fuera de tiempo

Aunque Canto menciona que la publicación de la normativa es oportuna, Brown señala que es una medida tardía. 

Ella asegura que desde el inicio de cada ciclo escolar, en los colegios se les consulta a los papás si están de acuerdo con las distintas actividades que se desarrollaran durante el año. Y es “voluntario” participar en ellas; sin embargo, no descarta que en algunos establecimientos los cobros sean “forciobligatorios”, y que esa podría ser la intención del Mineduc de emitir esta normativa.

“La mayoría de los padres quieren hacer los actos de graduación, porque es parte de celebrar una etapa en la vida de sus hijos”, indicó la directora de la asociación, y son ellos quienes se organizan para planificar las actividades, lo cual lo ve como una solución a lo propuesto en el acuerdo para no incumplirlo.

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Prensa Libre efectúo un foro en Facebook para conocer la opinión de los lectores respecto al tema. Mientras que unos están de acuerdo con los actos y fiestas de graduación, otros consideran un “abuso” por aparte de los establecimientos al momento de hacer los cobros, que incluso llegan a Q2 mil 500, y nadie los supervisa. Hay usuarios que opinan que en muchos colegios estos pagos se efectúan durante todo el año, por lo que el decreto debería cobrar vigencia en el 2019, este año sería demasiado tarde. 

Algunos padres mencionaron que si bien en algunos colegios no se les obliga a participar en las actividades, los niños se sienten excluidos cuando no son parte de la celebración lo que puede afectar su autoestima, razón por la que optan por incurrir en gastos. 

Según la normativa, lo centros educativos públicos podrán aceptar donaciones para llevar a cabo los actos para los graduandos siempre que estas no provengan de los papás de los estudiantes. En ocasiones, son los directores y maestros los que buscan apoyo económico local, en la Municipal, empresas privadas o personas particulares.

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El acuerdo toma vigencia a partir de este sábado, y según el Mineduc, serán las Direcciones Departamentales de Educación las encargadas de velar porque se cumpla y serán estas las que determinarán las sanciones a los centros educativos que falten a lo establecido por la cartera, aunque no especifica qué medidas se tomarán. 

Negocios se verán afectados

Entre los gastos que los padres de los graduandos efectúan durante el año está el alquiler de toga, compra de anillo y pagos de salón en donde se llevan a cabo los actos -cuando el establecimiento no cuenta con un espacio apropiado-, por lo que este acuerdo vendría a afectar a las empresas que proveen de dichos servicios.

Carolyn de Toledo, de la empresa Carolay’s Togas, menciona que esto golpeará un “poco” el negocio; sin embargo, son los padres los que toman la decisión de organizar los actos de graduación para celebrar el logro de sus hijos.

Jackelin Véliz, de Servi Togas, explica que el acuerdo publicado por el Mineduc sí afectará las finanzas de su empresa, pues desde febrero los padres comienzan con los preparativos del festejo.

Propietarios de varias joyerías que se dedican a la venta de anillos de graduación mencionaron que el prohibir que los centros educativos realicen actividades que hagan incurrir a los padres en gasto, podría disminuir sus ventas.  

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