Los datos se obtienen de una investigación del Colectivo de Estudios Rurales Ixim, en el cual también se reportan violaciones a los derechos económicos, sociales y a la seguridad alimentaria de las familias.

María Josefa Max, subcoordinadora del Comité de Unidad Campesina (CUC), señaló que sigue sin cumplirse el derecho a la alimentación, la vivienda, el empleo, la salud y la seguridad, como lo establecen las medidas cautelares establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pobladores que asistieron a la conferencia señalaron que persiste el acoso de agentes de seguridad de la empresa cañera Chabil Utzaj, con la cual los campesinos disputan la propiedad de la tierra.

Condiciones sociales

El 65 por ciento de las familias expulsadas alquila vivienda tras el desalojo, la mitad de las personas afirmaron que no tienen acceso a servicios de salud, y solo el 7 por ciento es beneficiado con el bono seguro. Los comunitarios pidieron al Gobierno que garantice el derecho a la vida.