La última propuesta que obtuvo respuesta favorable fue planteada al pleno por los entonces diputados del Partido Unionista, Unión del Cambio Nacional (UCN) y Partido de Avanzada Nacional (PAN), en septiembre del 2009.

Este año, tres iniciativas han ingresado. La   ley de aguas y recursos hídricos   es propuesta por cinco diputados de la UCN, la ley marco del agua es propuesta de congresistas de Convergencia y la ley general de aguas surgió de congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza. Todas están en la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos.

Diferencias

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, considera positivo que no haya sido aprobada ninguna ley.

“No hay iniciativa de ley que tenga consenso de los pueblos indígenas y sociales”, refirió. Destacó que una ley de este tipo debe abordar de manera profunda los problemas de cuencas, el consumo de líquido y el de las industrias, en especial las del agro.

Otra idea

Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, indicó que preparan una propuesta con información de otras iniciativas. La discusión está centrada en las cuotas que podrían imponer por el uso del agua y cómo recaudar fondos para invertir en cuencas.

“Se propone que las hidroeléctricas tengan licencias  si venden acciones a la comunidad y municipalidad, porque donde están instaladas hay más pobreza”, enfatizó.

El diputado cree que los problemas  este año por desvío de ríos en la Costa Sur permitieron que el sector privado reconozca que es necesaria una reglamentación. Además están los 48 cantones de Totonicapán, que en la iniciativa pasada se opusieron. “Están conscientes porque invierten en cuidar sus bosques; ahora se les está proponiendo que recauden y lo usen”, explicó.

En desarrollo

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) trabaja con varias organizaciones en los “diálogos por el agua”, instancia que ha escuchado a múltiples sectores en todo el país y que presentará una iniciativa.

La iniciativa termina a fin de mes y esperan formular la propuesta  en la primera semana de septiembre. “Que sea algo serio, responsable y consecuente con algo tan delicado como es el agua”, dijo Carlos Alvarado, rector de esa casa de estudios.

La idea surgió de la “Marcha por el Agua y la Tierra”, en abril pasado, cuando hubo caminatas durante 11 días que llegaron la capital para exigir una ley.

Las peticiones son controlar a quienes utilizan agua y a grandes industrias. También exigen sanciones fuertes, no simbólicas para quienes contaminan las fuentes hídricas o incurran en desperdicio del recurso.

Se han integrado el Ministerio de Ambiente, el Congreso, la Asamblea Social y Popular, las iglesias Católica y evangélica  y la Procuraduría de Derechos Humanos.