Hasta este lunes más de 10 mil colecciones privadas han sido registradas ante el Conap. Una colección puede estar compuesta inclusive por un solo ejemplar de cualquier especie.

La mayoría de personas acude para registrar loros y pericas, pero hay casos donde se lagaliza la tenencia de venados, monos, mapaches y serpientes.

El Conap informó que las pericas australianas y las tortugas, compradas en tiendas de mascotas legalmente autorizadas, no deben registrarse, debido a que no son especies nativas de Guatemala.

El horario de atención es de 8 a 16.30 horas, sin embargo, si hay personas esperando serán atendidas indicó una fuente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Difícil proceso

Desde noviembre pasado el Conap, comenzó el registro de animales silvestres nativos —como loros, pericos, tortugas, serpientes, etcétera— para que sus propietarios no infrinjan la Ley de Áreas Protegidas y con ello evitar multas y penalidades.

Los requisitos que fueron solicitados en un principio eran muy complejos para la mayoría de personas que solamente deseaba registrar un loro, que algunos casos habían pasado décadas con las familias, por lo que en diciembre Conap decidió reducir los requisitos.

Con el cambio, el propietario de una mascota exótica solo necesitaba presentar el formulario de Colección de Vida Silvestre, indicar en  un acta notarial  la obtención legal del espécimen, pagar  Q250, y las fotocopias del Documento Personal de Identificación, y de la escritura o contrato de arrendamiento del lugar donde estará la colección.

A partir de ese momento las oficinas de Conap fueron desbordadas por cientos de personas que intentaban registrar sus mascotas exóticas.

La afluencia fue tal que el día que finalizó el plazo publicado en un principio —15 de marzo— las autoridades decidieron dar una prórroga de un mes más para que más personas legalizaran sus mascotas.

Después del 15 de abril ya no se podrán registrar más coleciones y cualquier persona que tenga una mascota exótica sin registrar caerá en delito, el cual contempla penas de hasta dos años de cárcel y Q25 mil de multa.