El mandatario dijo que buscan las formas para atender las emergencias sin vulnerar las leyes del país y aseguró que cuentan con un fondo de emergencias de Q200 millones, pero estiman que esa cantidad no sería suficiente.
Carreteras
El mandatario afirmó que es difícil disponer de recursos para enfrentar emergencias, debido a las leyes que impiden la ejecución presupuestaria.
Aldo García, ministro de Comunicaciones, dijo que la red se sigue destruyendo y que para repararla es necesario contratar empresas, por lo que se debe implementar un estado de excepción.
Sí tiene responsabilidad
Analistas consultados coincidieron en que el Ejecutivo no ha hecho una planificación y ahora carece de crebilidad pública para accionar bajo excepción, librando procedimientos de ley.
“Los antecedentes de los estados de Calamidad no son los más afortunados, porque se prorrogan y no quedan claro los logros o inconvenientes que hubo. El Estado debe establecer un plazo y priorizar en dónde invertirá los recursos”, explicó David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Los analistas Luis Fernando Mack y Carlos Aníbal Martínez mostraron sus reservas respecto de un estado de Emergencia.
Consideraron que la lluvia terminará este mes, y criticaron que no hubo planificación, pese a saber de la vulnerabilidad del país.
“Todo mundo sabe que por el desorden climático se produce mucho deterioro de la infraestructura pública. Pasa todos los años, pero no se trabajó con prevención”, dijo Martínez.
El deterioro de las carreteras llegó a tal punto que el problema no se resuelve con una estado de Calamidad, se requiere de plan a largo plazo, según Casosola. El Gobierno debe de justificar qué cuellos de botella tiene para efectuar las contrataciones por la vía normal y declarar calamidad para hacer compras directas, subrayó.
Martínez mencionó que no es un asunto de leyes, sino de capacidad de gestión ya que el Gobierno ha “dado una muestra” de que se adolece de capacidad de ejecución. Martínez expresó que si hay que reformar leyes, habrá que verlo en un “Estado sobrio” y cuando haya una situación “tranquila”, y no con premura para ejecutar.
Añadió que debe existir una previsión dentro del presupuesto público, porque una calamidad pública no cuesta Q200 millones. “Esto es una obligación de las instituciones atenderlo con antelación. Además, este es el último mes de lluvia, y el daño en la economía y a la sociedad ya está hecho, porque pasamos todo el año con malas carreteras”.
Mack observó que el Ejecutivo está buscando una justificación “fácil”, especialmente porque puede ser una cortina de humo en medio de la crisis de credibilidad que tiene el Ejecutivo.
