“Después de todos los estudios, análisis y participación de las distintas entidades (gubernamentales) involucradas, se concluye que no hay causal para la suspensión de la mina” Marlin I  (subsidiaria de la canadiense GoldCorp), comentó el viceministro de Energía y Minas, Ricardo Pennington, a la prensa.

La resolución se tomó “después de realizar el procedimiento de suspensión que marca la ley y de todas las consultas para establecer la existencia de causales de suspensión” de operaciones de la firma, agregó.

El informe fue expuesto ante la Mesa Técnica de Diálogo que se conformó el año pasado tras una resolución de la CIDH, que ordenó en mayo de 2010 como medida cautelar el cierre de la mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

    La denuncia fue interpuesta por 18 comunidades que alegan haber sufrido problemas de salud a causa de la contaminación.

    El director ejecutivo de GoldCorp, Mario Marroquín, expresó su satisfacción por el fallo gubernamental “porque a través de este proceso se pudo establecer que la compañía cumple con la legislación nacional e internacional”.

Pero ambientalistas críticaron el fallo enfáticamente.

Según la coordinadora de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia, Magalí Rey Rosa, el dictamen es “una señal de cinismo del gobierno, ya sea de (Alfonso) Portillo, (óscar) Berger o (el actual Álvaro) Colom, porque un fallo de la CIDH se acata y no se discute.

“La resolución de la CIDH es clara de ordenar el cierre de operaciones temporales mientras se investigaba la denuncia”, dijo a su vez el director del Centro de accción legal-ambiental y social de Guatemala  (Calas), Yuri Melini.

Datos de la empresa GoldCorp indican que entre 2005 y 2010, período durante el que ha estado operando en Guatemala, obtuvo 1.416 millones de dólares por la venta de oro y plata que extrae en esa zona indígena del país.