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Guerra contra las pandillas: Guatemala refuerza vigilancia en fronteras con Honduras y El Salvador, pero el mayor desafío es la migración masiva

Los poblados de Guatemala cercanos a Honduras y El Salvador aún no perciben el peligro que representa la lucha contra las pandillas, pero analistas consideran que el tema debe tomarse con seriedad.

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La Policía Nacional Civil retorna a migrantes que han ingresado en forma irregular al país por la frontera Agua Caliente, en Esquipulas. Los desplazan hacia el departamento de Ocotepeque, Honduras. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

La Policía Nacional Civil retorna a migrantes que han ingresado en forma irregular al país por la frontera Agua Caliente, en Esquipulas. Los desplazan hacia el departamento de Ocotepeque, Honduras. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

Ocho elementos del Ejército de Guatemala están apostados afuera de las viejas instalaciones de la aduana Agua Caliente, que en tiempos del expresidente Otto Pérez cambió de sede y la unificó con una de Honduras.

La instalaron metros abajo, en tierras del municipio de Santa Fe, departamento de Ocotepeque, Honduras. Los soldados, cubiertos del rostro por el frío de la madrugada, portan un fusil y un escudo antimotines.

Aseguran que por ahora han estado en prevención de la migración irregular y algunas caravanas que han avanzado hacia territorio nacional, pero les han advertido de que podrían llegar pandilleros perseguidos en el país vecino, luego de que la presidenta Xiomara Castro emuló una lucha antipandillas parecida a la de Nayib Bukele en El Salvador.

Faltan 30 minutos para las 6 de la mañana y esperan por el relevo de las próximas 12 horas. Ellos son parte de un contingente de 500 soldados que el Ejército guatemalteco destinó a cuidar las fronteras con Honduras y El Salvador, debido a los estados de excepción que impusieron aquellas naciones, confirmó el portavoz castrense, Rubén Téllez.

“Reforzamos la presencia en los puestos fronterizos con El Salvador y Honduras, porque los mandatarios vecinos les declararon la guerra a las pandillas”, agrega.

Mientras esperan ser relevados, camino abajo, se observa a un grupo de personas con mochilas al hombro. Son hombres y mujeres con niños en los brazos que caminan hacia Guatemala, hacia el municipio de Esquipulas, que en los últimos meses se ha convertido en el cobijo temporal de algunos migrantes de África, Asia y Sudamérica.

Apresuran el paso ante la presencia de un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que se estaciona cerca de la subestación que está en ese puesto fronterizo, en una loma frente al antiguo edificio aduanal.

Una talanquera está por abrirse para dejar pasar a una decena de vehículos, entre tráileres, camiones y sedanes. Las motocicletas avanzan sin problema. El día es gris y una leve llovizna hace usar suéteres a los que están en el lugar.

“Al gato y al ratón”

Cada uno con distinto rostro es recibido por otras personas que les suben en vehículos para trasladarlos y evitar ser interceptados en puestos de registro policiales que han destinado en la ruta CA-10.

Algunos les llaman “coyotes”, otros “jaladores”. Todo ocurre con una tensa calma porque kilómetros más adelante se toparán con dos puestos fijos de registro y control migratorio. El primero en Esquipulas y el otro en la aldea Vado Hondo, Chiquimula.

Esto se ha convertido en un juego de “gato y ratón”, dicen algunos policías en aquellas rutas, porque ellos retornan a los migrantes que ingresan en forma irregular, pero horas o días más tarde vuelven a intentar ingresar de nuevo.

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, esto es parte del plan 38-2022, “Seguridad Interinstitucional en Fronteras del Triángulo Norte”, que ahora incluye a Honduras, luego de que la presidenta Castro impuso el estado de Excepción para combatir a las pandillas.

“En las últimas semanas hemos logrado capturar a peligrosos mareros salvatruchas vinculados con clicas de El Salvador y Honduras. El objetivo es evitar que ingresen a Guatemala y causen problemas de seguridad”, expresa Barrientos.

El último pandillero expulsado hacia El Salvador fue Eduardo Pérez, alias Scooby, sindicado de cometer al menos 75 crímenes en aquella nación. Pertenece a la Mara Salvatrucha (MS-13) y lo hallaron en un sanatorio de Barberena, Santa Rosa, donde lo intervinieron por un problema de apéndice.

Migración masiva, el gran reto

Pero mientras las autoridades guatemaltecas han reforzado la seguridad para evitar el ingreso de pandilleros de aquellas naciones las autoridades siguen deteniendo a migrantes que ingresan en forma irregular.

Los datos de la PNC en la subestación de Agua Caliente establecen que han capturado, hasta diciembre, a 10 mil migrantes. Muchos de ellos han llegado desde Venezuela, Bangladesh, China, Cuba y Haití. Muchos de estos al ser retornados a Honduras, regresan a Guatemala.

Además, han retornado a migrantes hondureños y nicaragüenses que han sido interceptados en México y los retornan a esa frontera y la del Corinto, en Izabal.

Mientras eso ocurre, en los municipios de Chiquimula, la vida sigue igual. Ven como normal la presencia de migrantes, y ven como muy lejano que pandilleros puedan operar en esa región.

El narcotráfico que impera, según especialistas consultados, ha evitado que las pandillas operen en el oriente de Guatemala.

De hecho, aseguran las propias autoridades, los miembros de clicas se desplazan hacia la Ciudad de Guatemala, u otros departamentos del centro del país, porque les resulta más seguro que operar en tierras donde “manda el narcotráfico”.

Los subinspectores de la PNC, Álvaro Boteo, de la subestación del puesto fronterizo El Florido, y Conrado Ortiz, en Agua Caliente, coinciden en que por ahora la única presencia que han tenido es de migrantes, pero sí han recibido la instrucción del mando superior de cumplir con el plan 38-2022 ante la posible presencia de pandilleros.

Ambos coinciden en que con los elementos con que cuentan, que suman unos 30 en ambas demarcaciones fronterizas, han ideado planes para verificar el paso de pandilleros de la MS-13 y el Barrio 18, principalmente.

El puesto fronterizo de más flujo migratorio de no centroamericanos es Agua Caliente. En el puesto de La Ermita, o frontera Anguiatu, entre Concepción Las Minas, Chiquimula y Metapán, Santa Ana, El Salvador, el flujo resulta más importante para migrantes de ambas naciones.

También hay presencia de militares y policías, y acá es desde hace meses, por las acciones de Bukele contra las maras.

En la frontera El Florido, en Camotán, Chiquimula y Copán, Honduras, la usan migrantes centroamericanos. Sin embargo, algunos ciudadanos de otras nacionalidades las han utilizado para evitar ser interceptados por las autoridades.

En general, aunque hoy la presencia de pandilleros ha sido más de salvadoreños, dos expertos analizan la dinámica y las acciones que deberían tomar las autoridades guatemaltecas.

La vida en los municipios de Chiquimula sigue en calma respecto de las pandillas. La violencia la generan otros grupos vinculados con el narcotráfico, o disputas de tierras.

Mientras que, en Jutiapa, otro departamento fronterizo con El Salvador sí ya ha vivido temor por la presencia de integrantes de la MS-13 y el Barrio 18. El total de pandilleros remitidos o expulsados en 2022 es de 88. De esos, casi la mitad los han detectado en los municipios jutiapanecos cercanos a territorio salvadoreño.

La Policía Nacional Civil retorna a migrantes que han ingresado en forma irregular al país por la frontera Agua Caliente, en Esquipulas. Los desplazan hacia el departamento de Ocotepeque, Honduras. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

Peligroso escenario

El exministro de Gobernación, Francisco Rivas, explica que se ha documentado casos de pandilleros que trasladan migrantes de frontera a frontera. “Es allí donde debe poner atención las autoridades”, enfatiza.

Para el analista en temas de seguridad, los pandilleros se están convirtiendo en tratantes y traficantes de la población migrante que camina por el país. Reflexiona que de “no detener ese fenómeno nos convertiremos en el Norte de México, donde los narcotraficantes asesinan, secuestran y extorsionan a las personas migrantes”.

“Se debe estar alerta de lo que ocurre en el Cenma – Central de Mayoreo, zona 12 – a la frontera con México, por la ruta CA-2 Occidente. No se conoce mucho y se ha hablado poco de ello, pero es un problema que se puede desbordar. Se sabe que les están cobrando a los familiares en Estados Unidos y en Sudamérica y les quitan el poco dinero que llevan cuando no pagan”, explica.

Según Rivas el riesgo es mayor ahora que El Salvador y Honduras están tomando acciones en contra de las extorsiones y que Guatemala pareciera que no está haciendo lo mismo.

“Los integrantes y lideres de la MS-13 en Honduras y El Salvador tienen puerta libre en Guatemala y podrán escapar de la presión que reciben en esos países. De hecho, ya se ha capturado a uno de los lideres principales de la MS en el país. De no coordinar acciones conjuntas con estos países, la criminalidad en Guatemala aumentará”, argumenta.

Miles de personas cruzan a diario por las fronteras entre Guatemala y Honduras. El comercio entre ambas naciones se desarrolla con normalidad, por ahora. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

Agrega que si no se hace algo “las extorsiones, principalmente los homicidios, los enfrentamientos entre pandillas y el alcance de éstas en las áreas más vulnerables, se incrementará y seguramente se ampliará a los lugares y victimas que hasta hoy en día no han sido tan afectadas como en los barrios populares y en los municipios más grandes de la capital”.

Federico Reyes, doctor en criminología por la Universidad de Glasgow, Escocia, cree que los  delitos ligados a la trata de personas, deberá ser tomado en cuenta porque estructuras establecidas a cargo de eso, con los nuevos grupos, quizás pandilleros, puede generar desapariciones, crímenes de índole sexual, violaciones, crímenes de odio y extorsiones.

Reyes explica que los grupos creados por Estados Unidos como el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) ha funcionado bastante bien, “tomando en cuenta la base de datos que manejaban, asumo que de la DEA, AFT, FBI e Interpol, con información precisa. Esa base fue para detener la migración y raras veces estuvo relacionado a frenar delitos comunes o de crimen organizado”.

“La pelea de poder en esas áreas se puede recrudecer por estos movimientos de los gobiernos del Triángulo Norte y la ausencia de presencia policial capaz de detener esos flujos migratorios. No digo que todos son delincuentes, solo que pueden mutarse y / o mezclarse para delinquir”, argumenta.

Para el analista la estrategia de combate a las pandillas siempre tiene que ver “escenarios de repercusiones, normalmente, no se toma en cuenta, porque se enfoca en el efecto y no en la causa. Asumo que habrán realizado un análisis de riesgo, que es lo pertinente en esta clase de contexto”.

Para Reyes, aunque puedan ser similares los países, son muy diferentes las maneras de abordar el fenómeno de las pandillas. “El tránsito en pueblos fronterizos siempre se ha dado, además de escapar de que sean aprehendidos en los tres países, hay puntos muertos, poca presencia policial y corrupción”.

Personas migrantes de países africanos y del Caribe siguen llegando a Guatemala procedentes de Nicaragua y Honduras. Cruzan el país para alcanzar llegar a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

“El apoyo de Estados Unidos es vital, ya que siempre han apoyado al gobierno hondureño, por ejemplo, por los intereses en el país que han sido evidentes desde hace décadas por la presencia de bases militares y lo relacionado a migración hacia aquella nación desde Honduras a través de Guatemala y México”, revela.

Se debe tomar en cuenta que en la actualidad el enfoque en contra de las pandillas en El Salvador, por Nayib Bukele, surgió como retomar acuerdos alcanzados por sus antecesores basado en acuerdos entre los dos grupos delincuenciales en los territorios donde tienen mayor presencia.

“Los resultados se evidenciaron con decremento en los índices de homicidios y extorsiones. Eso de negociar con estos grupos fue bien visto al inicio, nadie lo duda, pero el negociar con grupos ilegales, siempre tendrá repercusiones tanto dentro como fuera de prisiones, por ejemplo”, analiza el criminólogo.

Ahora bien, señala Reyes, el gobierno hondureño ha tenido una historia no muy buena en temas de manejo de control de prisiones, pandilleros, fuerza policial deficiente y sobre todo que la seguridad pública está siendo guiada desde hace algunos años por exmilitares o con entrenamiento militar.

“Las políticas aplicadas acá, aunque tímidamente evidencian que puede tener éxito, aunque siempre hay que tener estrategias para contrarrestar las posibles consecuencias”, finalizó.