Mejoras en el sistema nacional de salud, la remodelación de escuelas o la reingeniería de un sistema de transporte colectivo, son algunas de las deudas visibles que pudieron haberse abordado de manera integral, ya que, en el caso de hospitales y escuelas, han contado con recursos.
En 2020, con la administración de Alejandro Giammattei recién estrenada, llegó la pandemia y con ello la aprobación de Q14 mil millones para enfrentarla.
Ese año, el mandatario ofreció la construcción de 14 hospitales entre 2020 y 2021, para ello hubo incrementos presupuestarios históricos para el Ministerio de Salud, con los cuales se esperaba solucionar los problemas de décadas.
Pero no fue así. Hasta hoy han seguido las quejas de desabastecimiento de medicamentos y miles de guatemaltecos infectados por covid-19 tuvieron que costear sus tratamientos a pesar de que acudieron a hospitales públicos.
Entre otros departamentos, el presidente Giammattie ofreció nuevos hospitales en Jutiapa, Amatitlán, Coatepeque y Cobán, Alta Verapaz. Incluso, designó a quien fue su primer ministro de Salud, Hugo Monroy, para que se hiciera cargo de estos proyectos.
El exministro aún trabaja en el Gobierno, pero los proyectos todavía no se ejecutan.
Según reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), desde el inicio de la pandemia en Guatemala el Ministerio de Salud ha contado con Q216.7 millones para la construcción, ampliación y mejoramiento de hospitales, pero la ejecución ha sido deficiente. En 2020 fue del 0%, en 2021 alcanzó 28.71%, y este año apenas va en 8.16%.
La oficina de Comunicación del Ministerio de Salud informó que los hospitales que se construyen en Rabinal, Baja Verapaz, y en Chimaltenango llevan un avance físico de 46% y 35%. Los de Mazatenango, Suchitepéquez, y de Jutiapa aún se afinan detalles relacionados al terreno donde se construirán, aunque para ambos ya se lanzó el evento de licitación para su construcción.
En otros, como el de Sololá, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; y los de Malacatán e Ixchiguán, en San Marcos; se trabaja en los anteproyectos, regularización de terrenos y estudios técnicos.
Oportunidad desperdiciada
Para Zulma Calderón, defensora del Derecho a la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la pandemia fue una “oportunidad única de fortalecer el sistema de salud” en cuanto a infraestructura, puesto que van más de 40 años que no se hace una gran inversión lo que se tradujo en la incapacidad de manejar el covid-19.
“Veíamos que era factible —el fortalecimiento— porque los poderes Ejecutivo y Legislativo se alinearon”, agrega la defensora, ya que se aprobaron millonarios recursos para el Ministerio de Salud, pero lamentablemente eso no ocurrió debido a que Salud no contaba con el recurso humano idóneo para manejar dichos recursos, o simplemente se perdieron por “corrupción y falta de transparencia”.
Calderón esperaba que los hospitales ofrecidos para el tratamiento de covid-19 luego se quedaran para atender especialidades, como a pacientes oncológicos, renales crónicos y otros, algo que no sucederá puesto que los nosocomios son “temporales”.
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“Se perdió una oportunidad única de fortalecer los servicios de salud, es difícil que tengamos otra, porque fue un momento muy corto de la historia del país”, subrayó.
Escuelas sin ser remozadas
Miles de escuelas en todo el país enfrentan una situación similar. Tras los primeros dos años de la pandemia cerca del 26% de los establecimientos educativos estaban pendientes de ser remozados, de acuerdo con información que el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer a principios de año, pese a que en ese tiempo no fueron utilizadas por estudiantes.
Casi nueve mil necesitaban reparación de techos, baños, pisos, ventanas o muros, mientras otras no contaban con servicio de agua y saneamiento, según la misma información. El Mineduc no respondió si de enero a la fecha ha disminuido el número de establecimientos pendientes de ser remozados, aunque en una entrevista radial, la viceministra Edna Portales dijo que el número de escuelas pendientes de reparación ha ido “a la baja”.
A inicios de año argumentó problemas legales para hacer trabajos de reparación en escuelas.
Los presupuestos que para tal fin tenían los ministerios de Educación y el Comunicaciones, a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), reflejan el poco dinamismo que ha habido para gastarse los recursos.
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Entre 2020 y 2022 el Mineduc ha presupuestado más de Q225 millones para el mejoramiento y la construcción de edificios e instalaciones escolares, entre estos los tecnológicos de Amatitlán y Huehuetenango. En estos años, la ejecución ha sido de 0.25%, —2020—; 2.68% —2021— y 0% —2022—.
La UCEE, en el mismo tiempo, ha tenido recursos para la construcción, ampliación, reposición y mantenimiento de escuelas de primaria, básico, diversificado e integrales por más de Q231 millones, de los cuales la ejecución en 2020 y 2021 fue del 27% y 56%, respectivamente. En 2022 avanza en un 31.6%%.
Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, comentó que el remozamiento de las escuelas es urgente, ya que, por la pandemia —que aún no termina— es vital que cuenten con servicios de agua y saneamiento y baños en buen estado.
Aunque Spross considera que es trascendental invertir en los docentes para que tengan acceso a tecnología y recursos digitales para apoyar a los estudiantes, dice que también es importante que la infraestructura escolar sea digna para completar el círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje.
En el remozamiento de escuelas, subraya, deben involucrarse no solo el gobierno central, sino también las municipalidades que cuentan con recursos asignados a los consejos de desarrollo.
Transporte, deuda histórica
Otro de los problemas a los que la pandemia pudo abrirle una oportunidad para solucionarse de fondo es el del transporte colectivo urbano.
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Antes de la llegada del coronavirus al país eran múltiples las denuncias por mal servicio, cobros abusivos, conductas inapropiadas de pilotos y ayudantes, así como asaltos y homicidios dentro de las unidades.
En 2020, por las medidas de prevención por el covid-19, los buses rojos dejaron de circular y hasta la fecha ya no lo han vuelto a hacer. Los medios de transporte existentes como el Transurbano y el Transmetro en la capital, así como las líneas municipales en algunas jurisdicciones del área metropolitana son insuficientes.
Algunas, como el servicio Express de Mixco aumentaron el precio del pasaje hace pocos días de manera arbitraria y paralizaron las unidades durante horas porque reclaman subsidio gubernamental.
Para transportarse, los vecinos del área metropolitana han tenido que hacer uso de taxis y vehículos particulares en donde viajan aglomerados —con riesgo infectarse de covid-19— y teniendo que hacer varias paradas con lo cual termina por triplicarse el costo de sus traslados.
Según cálculos que ha hecho la PDH, previo a la pandemia, unos tres mil 150 buses urbanos circulaban para atender la demanda de pasajeros en la capital y municipios cercanos, cifra que ahora cayó a 500.
“Hoy en día el vecino enfrenta una situación peor que antes de la pandemia”, afirma Edgar Guerra, defensor del Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano de la PDH, quien cree que la “oportunidad de oro” para reestructurar por completo el sistema de transporte todavía existe.
Guerra dijo que la parte positiva es que se terminó el “pésimo” transporte que daban los buses rojos, en los cuales era rutinario el maltrato al usuario, pero también la violencia puesto que el servicio se habían degenerado al punto de que pilotos, ayudantes y propietarios estaban involucrados en extorsiones.
“Ahora urge que las municipalidades hagan un plan maestro de movilidad en donde resulte una solución, pero no se deben involucrar a los mismos de siempre que solo se aprovecharon del subsidio”, aseveró Guerra.
“Esta solución debe incluir tecnología para controlar las rutas, cámaras de vigilancia y un sistema prepago que esté administrado por el Estado para evitar abusos”, agregó.
