La población esperaría que esa cartera pudiera, por ejemplo, reglamentar el uso de determinados combustibles y unidades del transporte urbano para evitar las nubes negras de humo que emiten algunos vehículos, pero poco se sabe al respecto.

Por el contrario, han surgido señalamientos acerca de que el Ministerio tiende a beneficiar a empresas interesadas en la explotación de recursos naturales del país.

Para algunos expertos, la cartera de Ambiente se ha convertido en tramitador de estudios de impacto ambiental para aprobar proyectos y otros requisitos, y para otros, no logra ni siquiera emitir con eficiencia esos estudios.

El escándalo de la “fórmula milagrosa” del Lago de Amatitlán hizo cuestionarse a diversos sectores sobre el papel del MARN.

“Somos la institución que coordina, cumple y hace que se cumplan las políticas y el ordenamiento jurídico concernientes a la prevención de la contaminación, conservación, protección y mejoramiento del ambiente”, es la misión de esa cartera que, según ambientalistas, no se lleva a la práctica.

La anterior ministra, Roxana Sobenes, fue retirada del cargo por el presidente Otto Pérez Molina cuando se supo que era representante legal de la empresa Siga, que elabora estudios de impacto ambiental.

En enero del 2014, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que a Sobenes le faltaba carácter para multar a sus amigos.

Ese mes, la Contraloría General de Cuentas presentó en el Ministerio Público (MP) una denuncia contra Sobenes, por haber adjudicado una obra en San Benito, Petén, por Q47 millones, a una empresa sin licencias ni permisos.

A Sobenes la sustituyó Michelle Martínez, secretaria general adjunta del Partido Patriota y vinculada con Baldetti. Esa cercanía con la vicepresidenta habría hecho que la cartera a su cargo “olvidara” pedir un estudio de impacto ambiental a la empresa israelí M. Tarcic Engineering para la compra y aplicación de una fórmula mágica por Q137.8 millones, supuestamente para limpiar el Lago de Amatitlán.

Invisible

Según Rafael Maldonado, del área político-legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), ese ministerio ha sido en los últimos tres años “deficiente” y una institución “invisible”.

Organizaciones sociales han expresado que el MARN “prácticamente” se dedica a tramitar requisitos para la instalación de empresas transnacionales.

“Ya ni siquiera lo veo como un ente tramitador, lo veo como un ente invisible al servicio de las prioridades particulares del gobierno de turno”, expresó Maldonado.

Altas y bajas

El consultor ambiental Gerson Barrios explicó que el MARN cumplirá 15 años en diciembre, por lo que es un ministerio nuevo, y que en ese lapso la percepción es que ha pasado por altas y bajas.

“En su corta existencia se le ha percibido como un ente regulador, algunas veces como un ente asesor, técnico y, otras veces, como un ente político que favorece a determinados sectores”, indicó Barrios.

El experto agregó que en materia ambiental Guatemala es “abundante” en la producción de políticas, leyes, reglamentos, planes, y adhesión a convenios internacionales, pero en materia de aire y agua aún no se cuenta con una ley específica, lo que da lugar a un vacío legal.

“Guatemala cuenta con un marco regulatorio ambiental base bastante extenso, el cual data de manera formal desde 1986. A partir de ahí, y de manera histórica y estadística, son pocos los casos en que se ha aplicado una sanción a los entes que infringen estas regulaciones, y aquellos en los cuales se ha hecho se consideran casi irrelevantes”, precisó.

Gestión opaca

Para Carlos Salvatierra, secretario ejecutivo de Redmanglar Internacional, el trabajo del MARN ha sido “poco transparente”, con una gestión “opaca” y “pocos resultados” a favor del medioambiente.

“El caso del Lago de Amatitlán es solo un ejemplo más que pone en evidencia a una institución que no cuenta con la capacidad de garantizar a los guatemaltecos la protección de su ambiente y sus recursos. Al contrario, respalda intereses políticos por encima del bien común”, resaltó Salvatierra.

Recordó que los ambientalistas alertaron sobre el nombramiento de Sobenes como ministra por haber sido parte del equipo que hizo la evaluación de impacto ambiental de Tikal Minerals, empresa que pretendió explorar y explotar las arenas de la Costa Pacífica.

“Luego salieron a luz sus nexos con el Grupo Siga, cuyo trato especial incluía la agilización de estudios de impacto ambiental y cómo esa empresa se convirtió en una de las principales consultoras ambientales”, agregó.

Con limitaciones

La bióloga Magaly Arrecis, del área socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, considera que para el nivel de contaminación y degradación ambiental que el país presenta, el trabajo del MARN es deficiente.

“Desde sus inicios, en el 2000, contó con limitaciones financieras, físicas y político-institucionales, las cuales reducen su eficiencia y eficacia para cumplir con la aplicación de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”, indicó.

Arrecis opina que los estudios de impacto ambiental no han tenido el efecto esperado para evitar, prevenir y reducir los impactos ambientales, sino que se ha evidenciado que varios de los que han sido aprobados tienen deficiencias básicas.

Desde la semana pasada se buscó la versión de la ministra de Ambiente, pero no respondió las llamadas a su celular. Tampoco fructificaron las gestiones en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.