Unicef considera que Guatemala había avanzado desde 1989 en cobertura en educación primaria, reducción de la mortalidad infantil, incremento en vacunación y combate de la desnutrición, pero la mayoría de esos “escasos avances” están en peligro de estancarse o de retroceder, debido a la falta de inversión social.

La poca priorización política, la ineficiencia del gasto público y la corrupción son otros factores que afectan a los niños, según el ente de ONU.

Para el 2014, Guatemala se posicionó en el cuarto puesto de los cinco países centroamericanos en inversión para la niñez, pues se destinó el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este gasto también se considera el más bajo de América Latina.

“La conquista social de los derechos humanos en general, y de los derechos de la niñez en particular, a la vida, una vida digna, salud, nutrición, educación y protección contra todo tipo de abuso, maltrato o violencia está hoy en peligro. Las autoridades y la sociedad deben actuar con urgencia para evitar una catástrofe social”, afirmó Christian Skoog, representante de Unicef en el país.

Desprotegidos

Leonel Dubón, de El Refugio de la Niñez, aseguró que el sistema de protección a los niños ya se perdió y que son las instituciones del Estado las que han contribuido con esta situación.

Dubón señaló que fue durante la administración de Otto Pérez Molina cuando se agudizó la situación, aunque ningún gobierno, incluidos los de corte social, han tenido como prioridad a los niños.

Según información oficial, durante el 2014 se dejó de vacunar al 45 por ciento de los niños menores de 5 años que debían ser inmunizados. Además, inscribió en primaria a 57 mil niños menos que en el 2013, cuando también se inscribió a 91 mil 160 menos que en el 2012.

Según el director de la organización, durante los últimos tres años también se elevaron las cifras de violencia contra los menores.

Al contrario, según el anteproyecto de presupuesto para el 2016, la inversión en la niñez se reduciría el próximo año, de aprobarse en el Congreso, de 3.5 a 3.2 por ciento del PIB, lo cual pondría en mayor peligro a los niños.