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Osar: “Si se quiere prevenir los abortos hay que dar educación integral en sexualidad”

La directora del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar) aborda por qué las muertes maternas y el aborto terapéutico son un problema de salud pública, y que el Estado ha desatendido.

La Ley de protección de la vida y la familia limita el acceso a la salud de las mujeres, según expertos en el tema. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Ley de protección de la vida y la familia limita el acceso a la salud de las mujeres, según expertos en el tema. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La recién aprobada Ley de protección de la vida y la familia, a criterio de Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), pone en riesgo la salud de las mujeres y coloca barreras al limitarles el acceso a los servicios, principalmente en el área rural, cuando el promedio anual en el país es de 400 muertes maternas, y nueve de cada 10 son prevenibles.

La médica y socióloga da su visión de los alcances de la norma 18-2022, que legisla el tema del aborto, pero según Montenegro estos ocurren de manera espontánea en el 10 por ciento de los embarazos, como una selección natural.

A como está planteada y fue aprobada, ¿esta ley en realidad protege la vida?

Es una ley restrictiva, discriminatoria, bajo una visión particular con fundamento religioso que no corresponde a la realidad de Guatemala. No aporta en el marco de proteger la vida, la coloca en riesgo al limitar el acceso a servicios de salud para las mujeres que presenten un sangrado durante el embarazo y la educación integral en sexualidad en la niñez y adolescencia que es cuando se necesita tener información, formación en el aspecto de derechos, tolerancia, la no violencia contra las mujeres, equilibrar las relaciones de derechos y obligaciones dentro de las familias.

 

Uno de los puntos que aborda la ley es el aborto y lo sanciona con prisión tanto a quien lo consiente como a quien lo cause ¿desde el Osar cómo ven la aprobación de este tema en la mencionada ley?

El aborto es un problema de salud pública, causa el 7% de las muertes maternas en Guatemala. Existe legislación en relación al aborto terapéutico, cuando coloca en riesgo la vida de la madre. En el monitoreo que realizamos, son pocos los abortos terapéuticos que se realizan en los hospitales, se atienden más hemorragias del primer trimestre durante el embarazo.

Si realmente se quiere disminuir o prevenir los abortos se debe trabajar en dar educación integral en sexualidad, y acceso a métodos anticonceptivos en los servicios de salud.  De igual forma, en los casos de violencia sexual, las personas deben saber que es una emergencia médica, no es culpa de la víctima -a veces se guarda silencio y se esconde la situación-, y es una emergencia médica por lo que debe asistir a un hospital o clínica de Ministerio Público.

¿Incrementar las sanciones de prisión, bajo que marco de comparación? Un violador tiene 8 años de cárcel, una mujer que aborta -tal vez por una violación- tiene 10 años. Es difícil establecer juicios en el marco de que delito es mayor, pero lo mejor es prevenir y eso se logra dando acceso a información, métodos, a la atención de emergencia de violación sexual.

 

¿Guatemala, de acuerdo con sus indicadores de acceso a salud materno-infantil, está preparada para legislar en relación con el aborto en cualquiera de las circunstancias en que se dé?

Con la legislación que se tiene en relación al aborto terapéutico, todavía es necesario socializarlo como una opción en caso de riesgo de la vida de la mujer embarazada, acá deben incluirse las niñas victimas de violencia sexual embarazadas, algunas se suicidan, otras mueren por complicaciones obstétricas, entonces podrían entrar en el aborto terapéutico al colocar en riesgo su salud.

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En las tipificaciones del aborto está el terapéutico, que no es punible, y establece una serie de puntos para considerarlo dentro de esta clasificación. ¿En el contexto guatemalteco es factible que esas condiciones se den, cuando los servicios de salud en la provincia son deficientes y el recurso humano es escaso?

Las condiciones de los servicios de salud son deplorables en lo rural, mientras más alejado puede evidenciarse: falta de personal, carencia de insumos, dificultad en las referencias a hospitales, muertes maternas y neonatales, porque la atención del parto está relacionada con la sobrevida del niño/a.

Normalmente en lo servicios de salud  se atienden hemorragias en mujeres embarazadas, durante el primer trimestre -abortos espontáneos, amenazas de aborto- a través de guías y normas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para tratarlos en el segundo nivel de atención -centros de salud, CAP (Centros de Atencion Permanente)- esta ley podría ocasionar que las mujeres ya no asistan -por miedo-  y tengan complicaciones en sus casas porque se sientan amenazadas, y coloca a los prestadores de servicios en una situación difícil porque su función es atender la emergencia y salvar vidas.

Los abortos terapéuticos se realizan en los hospitales, en el tercer nivel de atención.

 

¿El no contar con los especialistas o médico general que la ley establece para atender el aborto terapéutico pone en riesgo la vida de las madres?

Sí, no solo el aborto terapéutico sino la atención de cualquier complicación durante el embarazo que implique una hemorragia.  Por ejemplo, la comadrona es la opción más cercana a las mujeres embarazadas para tratar sus complicaciones, ellas refieren a los servicios de salud a las mujeres con complicaciones, pero ahora ellas también podrían ser objeto de persecución con la nueva normativa.

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¿Hasta dónde llega la vulnerabilidad de las embarazadas en el área rural?, ¿cuán preocupantes son los casos de mortalidad materna?

A pesar de los avances con la ley para la maternidad saludable, los planes de reducción de la muerte materna neonatal, las muertes en Guatemala todavía continúan siendo altas.  Aproximadamente 400 muertes maternas anuales, el 90% son prevenibles, hemorragia es la primera causa de muerte materna, factores como la distancia o el transporte para acceder a un servicio de salud, el permiso del esposo para buscar atención médica, son factores de influyen en la muerte materna. Los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz presentan los mayores casos.

Preocupa las muertes maternas en adolescentes, asociadas con trastornos de la hipertensión, los suicidios en adolescentes, poco acceso a servicios que puedan tratar las complicaciones o el poco acceso a control prenatal para identificarlas oportunamente.

 

¿En qué papel pone a los médicos esta ley en casos de aborto terapéutico?  

No solo es aborto terapéutico sino tratar a cualquier mujer embarazada que presente una hemorragia que podría ser un aborto natural, que sea una emergencia, coloca al personal de salud -incluyendo médicos- en riesgo, sanciones de 20 años de prisión, inhabilitación del ejercicio de su profesión 10-20 años, multas entre Q50 mil-Q200 mil.

 

La ley también indica que, en caso de la muerte natural o provocada del embrión en el vientre materno, el médico que atienda el caso debe rendir un informe al respecto a quien lo solicite ¿en dónde queda la confidencialidad y el secreto médico?

No es posible implementar este sistema de informe, no se considera el embrión dentro de los registros médicos sino la atención de la mujer embarazada que presenta un aborto.

En el caso de mortinato, debe ser en el Registro Nacional de las Personas -RENAP- donde se encuentre la información.

Se está violentando el principio de confidencialidad y secreto médico entre la mujer y su médico, el registro médico es un documento legal, bajo este artículo cualquiera persona puede solicitar y hacer uso de este registro, violando el derecho de privacidad de datos de la mujer.

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Antes de normar el tema del aborto, ¿cree que era necesario que el Estado atendiera otros temas preocupantes, como la mortalidad materna y los embarazos en niñas y adolescentes?

En nuestra función de monitoreo, observamos como la situación de las mujeres, adolescentes, niñas se deteriora, mayor violencia, mayor pobreza, menos acceso a los servicios de salud, a la educación, se necesitan políticas públicas que atiendan estas realidades, estrategias que permitan disminuir la desnutrición, que tienen una relacion directa con el número de hijos y el embarazo adolescente.

Hay avances en los marcos legales sobre acceso a servicios de planificación familiar para toda persona que lo solicite, asi como acceso a la educación integral en sexualidad, que previene la violencia sexual, que empodera a las niñas y adolescentes, que disminuye la violencia que ejercen algunos hombres contra las mujeres.

No todas las mujeres tienen acceso a atender sus partos en servicios de salud, a decidir planificar la familia, a evitar que sus niños se desnutran y mueran. Las adolescentes embarazadas no tienen acceso a consejería para evitar un segundo embarazo, existen adolescentes de 17 años con cuatro hijos, cómo van a alcanzar desarrollo y bienestar, salud, etc.

El tema de aborto está normado en nuestro pais, para cambiar la normativa deben considerarse su impacto, su incidencia y la prevención como parte del derecho a la salud de la población, en este caso de las mujeres.

 

 

 

 

 

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.