Ayer, en el marco preparatorio del Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, que comienza hoy en San José, Costa Rica, se reconoció la vulnerabilidad de los territorios a actividades ilícitas “como una amenaza directa y de rápido avance” que el Estado es incapaz de controlar por falta de recursos.

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Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el país tiene 322 sitios protegidos, de los cuales el 70 por ciento son reservas naturales privadas o parques municipales donde las autoridades han solicitado la declaratoria para evitar su depredación u ocupaciones ilegales.

El Ejecutivo también trabaja en la titulación de tierras comunales, para que las poblaciones indígenas de esos territorios declarados protegidos los administren y eviten su depredación.

Ruta del narcotráfico

El Ministerio Público (MP) investiga la deforestación en Punta de Manabique, donde, según datos del Conap, se ha perdido en los últimos años el 4 por ciento anual de bosques, lo que supera la capacidad gubernamental de reforestación.

En Izabal, la principal amenaza de áreas protegidas es la depredación por el tráfico de maderas preciosas, el avance de la frontera ganadera y la construcción de pistas aéreas clandestinas para el narcotráfico.

De acuerdo con la investigación del MP, cargamentos de drogas podrían enviarse desde Honduras hacia Punta de Manabique, por aire o mar, y de ahí pasar a Belice y Petén, a través del río binacional Sarstún.

Según el secretario ejecutivo del Conap, Benedicto Lucas, la mayoría de las áreas afectadas en esa reserva no tienen uso y “el MP deberá establecer los fines de la tala ilegal”.

Adelso Romel, director de la Defensoría Q’eqchi’, indicó que las presiones de grupos dedicados a actividades ilícitas se extiende a varias zonas de Izabal, incluso a la Sierra de las Minas, donde este año ya se logró la titulación de tierras comunales, por lo que ahora no podrán venderse o apropiárselas en forma ilegal.

“Son grupos de poder. Por ejemplo, los madereros están amarrados con narcotráfico, y aunque se denuncie, el que lo hace queda marcado y la comunidad, para no meterse en problemas, decide no denunciar”, expuso Romel ayer, durante el Foro Abya Yala de pueblos indígenas, en Costa Rica.

Según la Defensoría Q’eqchi’, las presiones también provienen de la industria cañera y cultivo de palma africana, por lo que se están comprando tierras en la Sierra de las Minas, incluso bajo coacción.