Macario Ernesto Escobar Ramos, de 52 años, subdirector del Centro de Detención Preventiva de Santa Cruz del Quiché, fue capturado el lunes último, señalado de exigir Q30 mil a los parientes de un reo como parte del “cobro de la talacha”.

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Ese caso es solo uno de tantos que a diario ocurren en las cárceles del Sistema Penitenciario (SP), según representantes de organizaciones sociales, que lo ven como el reflejo de la corrupción que está plagada en esa institución, la cual alcanza tanto a internos como guardias.

“El sistema Penitenciario es el reflejo de cómo se encuentra la sociedad y la justicia. Si tenemos crisis en el sistema de justicia hay mega crisis en el SP y parte de ello es por la corrupción como se ha administrado ese servicio del Estado. Hemos visto a distintos directores que han sido señalados de corrupción y eso es lo que hay que combatir, porque todos sabemos que cuando una persona va a prisión preventiva lo primero que les exigen es la talacha, no hay controles reales y cada quien hace lo que quiere”, comentó Eddie Cux, director de Acción Ciudadana.

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que las prisiones “tienen mucho tiempo de no tener orden” y que las acciones de parte de las autoridades son momentáneas y de corto plazo y que dan es una “tensa tranquilidad mientras se hace requisar, pero en realidad no tienen efectos a largo plazo”.

Añadió que para evitar el cobro de talacha y otras irregularidades en las prisiones es necesario hacer una restructuración general del SP, por medio de la cual se establezca una carrera para los guardias penitenciarios y clasificar a los privados de libertad, así como contar con más prisiones y establecer programas de reincorporación a la sociedad para los internos.

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que el cobro de talacha es un problema arraigado en las prisiones guatemaltecas, un fenómeno en el que intervienen tanto reos como guardias y autoridades del SP.

“Es un cobro ilegal que hacen entre los privados de libertad, pero muchas veces también están involucradas parte de las autoridades que reciben parte de ese cobro ilegal que se hace”.

Agregó que en varias administraciones se ha intentado atacar ese problema, pero no ha sido posible, por lo que considera que lo más importante es denunciar los abusos; sin embargo, para eso se requiere que el SP fortalezca los controles internos para proceder en contra de los agentes que incurran en ilegalidades.

“La Inspectoría del SP debe vigilar que el personal haga su trabajo acorde a la ley y si hay un indicio de cobros ilegales debe investigarse para evitar esa práctica”, refirió.

Además, dijo los internos ingresar artículos prohibidos y que para lograrlo muchas veces pagan a los guardias para que faciliten el proceso ilegal.

Se intentó conocer la versión del SP, pero al cierre de esta nota los encargados de Comunicación Social no respondían las llamadas telefónicas.

Los procesados recién llegados a las cárceles del Sistema Penitenciario deben pagar una cuota —talacha— para asegurarse una plancha de concreto donde dormir, evitar que los golpeen, extorsiones y no hacer limpieza.

En 2016, Prensa Libre constató ese cobro en cinco prisiones, en las cuales se explicó que las “cuotas únicas” oscilan entre Q1 mil  —ingreso por ebriedad— hasta Q50 mil —por  defraudación tributaria—. Por otros delitos como violación, secuestro o asesinato los reclusos deben pagar entre Q5 mil y Q25 mil, según la capacidad económica.

Además del primer pago, en el reclusorio Preventivo para Hombres de Quiché se cobraban Q50 por acceso a agua y Q200 semanales por el derecho a tres tiempos de comida al día.

“El dinero se entrega a los encargados de sector del Preventivo”, contó un abogado defensor que pidió no ser identificado, al salir del Centro Preventivo para Hombres de Huehuetenango.

En la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, los reclusos pagaban una cuota de ingreso de Q2 mil, y cada semana les piden un monto para comprar tarjetas para celulares, comida o lo deben entregar en efectivo.

En Jalapa, la talacha comenzaba en Q3 mil y podía llegar a Q5 mil, según el delito señalado al reo y su capacidad de pago.

En la prisión de Retalhuleu, el pago inicial oscilaba entre Q1 mil y Q1 mil 500.