La procuradora adjunta, Hilda Morales, recordó que hace tres meses la PDH solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no han obtenido respuesta. “Se mandaron reiteradamente comunicaciones, y hoy —ayer— se mandó una comunicación de urgencia”, indicó.

Morales comentó que las autoridades no tienen la capacidad para manejar un hogar de esa naturaleza, ya que es una finca en donde se ubican pabellones para atender a  diferentes grupos, desde bebés abandonados, niños con discapacidad, menores embarazadas que han sido atacadas hasta adolescentes que han terminado su sanción en procesos de conflicto con la ley y  esperan un recurso familiar.

“Es una población indiscriminada. La institucionalización debe  ser el último recurso para estos niños que están en riesgo, o buscar otras alternativas, como familias ampliadas o sustitutas, para que estas niñas puedan tener un afecto directo y no estar en un conglomerado”, indicó.

Se pudo evitar

Para Justo Solórzano, especialista en protección de niñez de Unicef, se pudo haber evitado esa tragedia.

“Unicef reiteradamente ha dicho a  las autoridades y medios de comunicación que una macroinstitución como la del Hogar Seguro no es un lugar seguro para niños y adolescentes víctimas. Tenemos que recordar que ellos  están aquí por protección, porque han sido víctimas”, resaltó.

Recordó que  el propio Comité de los Derechos del Niño en repetidas ocasiones  ha solicitado al Estado de Guatemala que tome acciones concretas.

Solórzano refirió que a este gobierno le han ofrecido apoyo para desarrollar acogimiento alternativo a la institucionalidad, pero “ven que camina despacio, muy despacio”.

 “Con lo sucedido tenemos  clarísimo que no hay ninguna otra opción que no sea declarar un cierre progresivo de este hogar”, afirmó. El solo hecho de que exista una macroinstitución con más de 500 niños, ya constituye violación de los derechos, indicó.

Para el especialista, así como se declaró luto nacional, “merece que se declare una emergencia nacional con acciones concretas para resolver la situación de las niñas y los niños que todavía están en el hogar”.

Morales coincidió en que  lo mejor es sacar a los menores de la institución, ya que hay casos que no ameritaban tenerlos en ese lugar.

Para Carolina Escobar, de  La Alianza, lo ocurrido en el albergue es  síntoma de un Estado fallido, y que entre las acciones impostergables  que se deben tomar se incluye reubicar a las niñas en hogares apropiados.

“Lo tercero tiene que ser una cuestión de largo plazo, y es que la clase política entienda  que no ha entendido nada, que mientras no protejamos  a la niñez y adolescencia no tenemos futuro en este país”, puntualizó.