La ampliación de la cobertura educativa es una asignatura pendiente en Guatemala. Si bien el artículo 71 de la Constitución Política de la República establece que la educación es un derecho, y que “es obligación” del Estado proporcionarla y facilitarla a la población sin discriminación alguna, esta no llega a todos.

Floridalma Meza, de la Gran Campaña Nacional por la Educación, menciona que en el 2019 cerca de 2 millones de niños y jóvenes se encontraban fuera del sistema escolar o bien en sobreedad, en la actualidad la cantidad de guatemaltecos sin oportunidad de estudiar sería mayor.

El cierre prolongado de las escuelas por la pandemia del covid-19 y el poco acceso a recursos tecnológicos para continuar con una educación a distancia, habría contribuido a ese incremento de población no alcanzada.

Por otro lado, el artículo 74 la Carta Magna refiere que es un derecho y una obligación tener acceso a la enseñanza en el nivel inicial, la preprimaria, la primaria y los básicos, y de manera gratuita. Mientras que el Estado debe “promover” la formación en el diversificado y la educación extraescolar.

La escasa inversión que Guatemala hace en educación, tan solo el 3.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), compromete la ampliación de la cobertura, principalmente en la secundaria, donde las cifras oficiales muestran un retroceso en la matrícula.

Aún así, la ministra de Educación, Claudia Ruíz, asegura que la cantidad de estudiantes inscritos en el sector público ha crecido durante los años que lleva al frente de la cartera.