Andrea Morales, politóloga de la Dirección de Incidencia Pública, de la Universidad Rafael Landívar, considera que retrasar los comicios no abonaría a disminuir la crisis, sino que causaría incertidumbre y más conflictos.

“Los simpatizantes de los partidos políticos podrían hacer movilizaciones para que estas elecciones no cambien, porque a ellos nos les convendría aplazar, y no habría una disminución de la crisis”, expuso Morales.

La profesional cree que se deben buscar reformas a la Ley Electoral y tomar otras acciones para que los candidatos que cuentan con menos legitimidad puedan ser idóneos en este proceso, sin necesidad de atrasarlo.

No es conveniente

Stephanie López, politóloga del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), coincide con Morales y afirmó que, si se altera significativamente el proceso de las elecciones, se altera y debilita un sistema político.

“Los únicos países que aplazan las fechas de elecciones son los africanos; es un referente de debilidad en un sistema político. Efectivamente hay un rechazo sistemático hacia el proceso de elecciones, pero lo que se debe hacer es encontrar la manera y la posibilidad de que con el voto se rechace y castigue a los partidos políticos”, dijo López.

“Con aplazar las elecciones por dos meses no vamos a recobrar la legitimidad y la confianza en un sistema electoral. Las elecciones deben ir en los plazos que el tribunal electoral ha señalado”, aseguró la profesional.

No aplica

El expresidente del TSE Mario Guerra Roldán opina que las reformas que se hagan a la Ley Electoral no pueden tener vigencia en el proceso actual. El artículo 256 de esa misma ley es muy claro, y no pueden aplicarse sino hasta que el proceso haya concluido, advirtió.

La plataforma multisectorial convocada por la Universidad de San Carlos trabaja en una propuesta para modificar el proceso electoral con una nueva convocatoria a votaciones, a fin de que se lleven a cabo en noviembre y, de haber segunda vuelta, sea en diciembre, manteniendo el cambio de autoridades, como establece la Constitución, para el 14 de enero.