En la quinta reunión multisectorial convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), representantes de diferentes sectores sociales acordaron ayer formar la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. En ese marco también se plantea modificar las fechas de las elecciones.

La instancia quedará constituida este sábado, a las 14 horas, en el Museo de la Usac (Musac), frente al Congreso de la República, con el respaldo de unas 50 organizaciones de la sociedad guatemalteca.

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo la convocatoria a elecciones el pasado 2 de mayo con la ley vigente, el rector de la Usac, Carlos Alvarado Cerezo, considera que se pueden aplicar las reformas este año.

“Con nosotros ha estado trabajando un asesor del TSE, y él considera viable que se puedan hacer las reformas a la Ley Electoral antes de las elecciones”, afirmó Alvarado Cerezo.

Agregó que la plataforma trabaja en el orden constitucional. “Una propuesta es que se pueda modificar el proceso electoral con una nueva convocatoria, para que las elecciones se realicen en noviembre, y la segunda vuelta, en diciembre. De esa manera, el cambio de autoridades se haría siempre el 14 de enero”, explicó el rector.

Reformas

Una de las prioridades es modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entre los cambios que serán propuestos para su aprobación en el Organismo Legislativo figura que los diputados puedan reelegirse una sola vez.

También se busca que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados y que las reformas sean aprobadas de inmediato y aplicadas en el actual proceso electoral.

Respaldo y marcha

Antes de formalizar la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, cientos de estudiantes universitarios y campesinos marcharán, el sábado próximo, desde el mediodía, en los 22 departamentos del país.

En la reunión, efectuada ayer en el Paraninfo Universitario, se anunció que estudiantes de la Usac y de otras universidades respaldarán las acciones que emprenda la Plataforma.

Esa instancia también cuenta con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, tiene el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la iglesias Católica y evangélicas, así como de otros sectores de la sociedad.