La oferta de los aspirantes a la primera magistratura para el período 2016-2020 contiene desde cambios en la legislación, para fortalecer acciones que fomenten la transparencia, así como para evitar que continúe la práctica de la corrupción.

Además, se contempla el fortalecimiento de la función fiscalizadora, no solo de las entidades destinadas a ese fin, sino también de pobladores, por medio del acceso a la información pública.

El tema cobra relevancia luego de conocer los resultados de las últimas investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), las cuales vinculan al presidente Otto Pérez Molina y a varios integrantes de su administración con una red de defraudación aduanera denomina La Línea.

Una de esas pesquisas originó la renuncia, así como la posterior captura y orden judicial para ligar a proceso a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien está en prisión.

En tanto, Pérez Molina afronta un proceso de antejuicio, para determinar si se le retira la inmunidad y posibilitar al MP y la Cicig para investigarlo.

Otro hecho de corrupción que generó el repudio de la población fue el caso denominado IGSS-Pisa, en el cual se investiga a la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros, por un contrato que la entidad otorgó a la Droguería Pisa, para dar tratamiento de hemodiálisis a pacientes renales.

Para el 22 de julio último se contaban 26 enfermos renales afiliados al IGSS que habían muerto por complicaciones en su salud, producto de la mala atención.

Cambios

Todas las propuestas de los presidenciables coinciden en la necesidad de generar cambios en la regulación de la función administrativa y leyes que se refieren a la transparencia, así como limitar a los empleados públicos la posibilidad de incurrir en actos ilegales. Incluso se señala que, aunque existe la Ley contra la Corrupción, se requieren impulsar mecanismos para fortalecer esa normativa.

El plan de gobierno de Jimmy Morales, candidato del Frente de Convergencia Nacional (FCN), plantea incrementar las sanciones en contra de quienes se establezca que cometieron un delito.

“Se debe impulsar una ley con la que en determinado momento se pueda juzgar la actividad pública. Yo sé que hay una Ley contra la Corrupción, pero es necesario ampliarla o presentar una más específica, para que todas aquellas personas que sean descubiertas en casos de corrupción tengan penas sumamente severas”, dijo Morales.

En tanto, José Ángel López, candidato de Encuentro por Guatemala (EG), en su programa gubernamental hace mención al servicio civil y propone modificar la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) a la categoría de secretaría del Estado.

El presidenciable de Movimiento Nueva República (MNR), Aníbal García, también aborda la reforma de la Onsec, y propone que su función debería abarcar la capacitación de los funcionarios y empleados públicos para el desarrollo óptimo de sus puestos, así como el control del sistema de adquisiciones.

Las compras del Estado, en la búsqueda de insumos para la operatividad de las instituciones, son calificadas de un foco de corrupción.

Juan Gutiérrez, postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), propone que se elimine la modalidad de compra por excepción.

El candidato del partido Fuerza, Alejandro Giammattei, anunció que fomentará solo las compras que se hagan luego de procedimientos de licitación.

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