Del 2009 al 2010, las autoridades del MP han destituido a unos 80 miembros de la referida unidad, por diferentes delitos. Entre ellos colaborar con el narcotráfico, eliminar y sustraer evidencias, asesinatos, violaciones, producción de pornografía y filtración de información a miembros del crimen organizado.

Mynor Melgar, director de la Dicri, confirma que mantienen en una constante “evaluación y vigilancia de los investigadores” y que los sindicados fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

“Es difícil, pero aunque no es en gran escala como en otras dependencias de investigación, sí hay algunos de los miembros de la Dicri que están involucrados con las mafias”, afirma Melgar.

En la mayoría de procesos es personal de reciente ingreso el que comete malas prácticas. Se ven tentados, principalmente, a compartir información confidencial, asegura un informe.

Melgar dice que es difícil calcular cuánto tiempo ha estado “incrustado” el crimen organizado, y que ello ha incidido en la falta de capturas, constante fuga de información y la falta de resolución de crímenes.

Anomalías que hacen daño

La Dicri inició sus funciones en 1994 y está integrada por 860 peritos en las distintas ramas, quienes se encargan del análisis y estudio de las pruebas que ayudan al esclarecimiento de los hechos delictivos.

En la Dicri hay una delegación supervisora que tiene la tarea de determinar por qué ha bajado el rendimiento de esa instancia.

Una de las principales quejas de los fiscales es que el personal de esa unidad se tarda demasiado en llevar a cabo los peritajes que le solicitan.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, expone que desde hace muchos años ha visto cómo fracasan procesos porque fue implantada prueba o se les descuida en forma intencional.

“Uno de los problemas de ver estas infiltraciones es que desde allí se pueden hacer cambios completos de las investigaciones y favorecer a alguien en particular”, expone Ibarra.

El enemigo está dentro

María Mejía, fiscal general interina, explicó que se han tomado medidas contra las personas vinculadas a ilegalidades.

“Desafortunadamente, hay personas involucradas con el crimen organizado, como pasa en la mayoría de las instituciones”, cuenta Mejía.

La fiscal asevera que se ha destituido a varias personas con base en evidencias; se les sometió a otros a procesos administrativos y penales, y algunas más fueron detenidas. “Se está haciendo lo que se tiene que hacer”, afirma.

Unas 12 personas se encuentran con procesos disciplinarios, en especial por retraso en la entrega de trabajos.

Entre las medidas que se van a tomar para mejorar la vigilancia sobre este personal, la fiscal plantea la adquisición de cámaras de seguridad. Asimismo se implementó un programa para valoración del desempeño.

“Además, esperamos que las acciones no se queden solo como régimen disciplinario, sino en acciones penales; se lo hemos pedido a la Unidad de Asuntos Internos”, dice Mejía.

Casos emblemáticos

Hay por lo menos ocho casos en los cuales los técnicos e investigadores de la Dicri se han convertido en colaboradores del crimen organizado.

Melgar asegura que el delito más común y perjudicial es cuando los investigadores filtran la información sobre casos.

“Lo más difícil es que investigadores tengan que investigar a sus compañeros”, explica.

Aun así, los procesos que se han seguido contra personal de la Dicri contienen evidencias consistentes, como escuchas telefónicas, videos, fotografías, enlaces de llamadas y testigos.

El personal de la Dicri tiene un sueldo promedio de Q4 mil 700 mensuales, pero nadie ha podido calcular los ingresos que podrían provenir de hechos ilícitos.

Uno de los casos más graves fue el descubierto en el 2009, cuando en Tecún Umán personal de la escena del crimen negociaba con delincuentes sobre lo que se validaba o no.

El 16 de junio del 2009, en San Marcos, el fiscal Mario Adolfo Soberanis Pinelo y los auxiliares fiscales Óscar Efraín Vásquez Fuentes y Rigoberto Arturo Castañón Mejía fueron ligados a proceso por conspiración y obstrucción a la justicia. En el caso también se ligó a dos policías y a un particular.

La acusación refiere que el 16 de junio del año último los fiscales y los policías efectuaron un cateo en la casa de Vásquez García, en busca de evidencias por el crimen de su hermano Hernán Vásquez, ocurrido el 12 de junio.

Un video evidenció que en el inmueble fueron halladas armas y dinero. Sin embargo, los fiscales no reportaron esas evidencias. En la vivienda también se halló un automóvil propiedad de la víctima, con manchas de sangre y múltiples perforaciones.

Sindicados de violación

En Chisec, Alta Verapaz, se siguen acciones legales contra dos investigadores, quienes supuestamente violaron a dos menores.

“Un problema es que cuesta mucho destituir al personal; entonces, si no han sido eficientes aquí, se les envía a los departamentos, y eso es más complicado, porque allí no se les tiene la misma vigilancia, y pasan casos como estos”, asegura Melgar.

A algunos se les ha comprobado que con material de la institución han filmado pornografía. Solo el año último se destituyó a 23 trabajadores.

“Usted se puede imaginar lo difícil que es el tener a un grupo de investigadores sobre violación, pero que estos también la cometan”, afirma Melgar.