La decisión, según Pérez Molina, se da en base a los resultados positivos que se obtuvieron en los 18 días de su implementación, ahora las autoridades locales deberán ocuparse en garantizar la estabilidad social del municipio.

El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reitero que la fuerza pública se retirará gradualmente, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos que han expresado temor a que puedan retomarse los disturbios. Según el funcionario se mantendrá un promedio de 100 a 120 agentes policiales en el área.

CIUDAD DE GUATEMALA – El pasado 1 de mayo fue localizado el cuerpo de Andrés Francisco Miguel en la aldea La Poza Verde, Recreo B, en el mismo lugar resultaron heridos Pablo Antonio Pablo, de 57 años, y Esteban Bernabé, de 28.

Derivado de ésta noticia 200 personas se aglomeraran, tomaran de rehenes a agentes de la Policía Nacional Civil y soldados, liberados después de firmar un acta con el auxiliar fiscal Armando Villatoro y el consejo municipal, encabezado por el alcalde Cándido López.

Luego de éste incidente los vecinos se dirigieron al destacamento del Ejército para recriminar a los castrenses la falta de apoyo para evitar el ataque, ingresaron al inmueble, sustrajeron cuatro fusiles galil y una pistola calibre nueve milímetros, situación que conlleva al decreto del estado de Sitio, esa misma noche, para recuperar la gobernabilidad en el municipio.

Rechazo de Organizaciones

En el transcurso de las últimas tres semanas se efectuaron más de 30 allanamientos en los cuales se detuvo a 15 personas vinculadas con los incidentes del primero de mayo. La vigilancia del municipio se redobló con la suma de 500 efectivos de las fuerzas combinadas.

Durante éste período organizaciones campesinas y de derechos humanos han manifestado su rechazo, aduciendo abuso de autoridad durante los allanamientos, así como la detención de personas sin que sean escuchadas por un juez.

Ésta semana, el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, a fin de que fuera derogada la medida.

Por su parte el mandatario afirmó que no hay denuncias formales de violación a los derechos humanos, ni reporte de la comisión de la Procuraduría de Derechos Humanos o de la delegación permanente que se instaló para la verificación del cumplimiento del estado de Sitio.

En busca de un acuerdo el Pérez Molina anunció el establecimiento de una mesa de diálogo con las comunidades que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica. La mesa estará a cargo de representantes de las carteras de Ambiente y Energía y Minas.

*Con información de Geovanni Contreras