Ovidio Monzón, diputado del partido Todos, afirmó: “Si se cree que hay que depurar sectores, también habría que depurar empresarios que evaden pagar sus impuestos, que evaden pagar buenos salarios. Al sector político se le depura cada cuatro años, y en la próxima legislatura vienen 70 nuevos diputados”.

Mientras, Salvador Baldizón, diputado de Libertad Democrática Renovada (Líder), pidió a Bosch que, si tienen casos específicos, los presenten a las instancias jurídicas, “porque no se puede generalizar”, pese a que la mayoría de congresistas bajo pesquisa son de su partido.

Según Juan José Porras, diputado de Visión con Valores, el presidente de Fundesa se refería a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debería dar posesión a los diputados que han sido señalados y tienen antejuicios abiertos.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, calificó de entendible que se pida al TSE no entregar credenciales a los políticos electos señalados, pero calificó de “muy arriesgado” plantear la depuración cuando la ciudadanía ya eligió a la nueva legislatura, aunque no mencionó que se hizo bajo la misma Ley Electoral que ha permitido abusos y exclusión a los partidos.

Señalados

En la actualidad se encuentran con proceso de antejuicio los diputados Pedro Muadi, señalado de sustracción de fondos del Congreso a través de plazas fantasmas, y Baudilio Hichos, por contratos anómalos lesivos para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

También, Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, por supuesto lavado de dinero al vincularlos con una estructura dirigida por Francisco Morales, alias Chico Dólar, y Julia Maldonado, por uso indebido cuando dirigía el Consejo Nacional de la Juventud. Otros con proceso abierto son Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanes, todos de Líder.

Órganismo criticado

No es la primera vez que se habla de depuración en el Congreso. En 1994 hubo un fuerte clamor que concluyó con la renuncia de 71 legisladores. La actual discusión viene desde el 2012, cuando el diputado Gudy Rivera presidía ese organismo, debido a que Líder mantuvo secuestrada la agenda mediante varias interpelaciones.

Un año después, bajo la presidencia de Pedro Muadi se señalaba a los congresistas de escasa productividad y opacidad en la contratación de personal.

Más ruidos de depuración resonaron bajo la dirección de Arístides Crespo, cuando trascendió que las bancadas supuestamente rivales, de Líder y el Partido Patriota, habrían hecho una alianza para elegir a los magistrados de las salas de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, y para aprobar el presupuesto de este año.

Exigencia ciudadana

Analistas políticos coinciden en que la depuración del Congreso ha sido un clamor popular, pero difieren en las acciones por seguir para que eso camine.

“Es un tema delicado. No vamos a pretender resolver con ilegalidades la crisis. No se puede señalar a dedo quién debe irse y quién no”, explicó Geidy de Mata, profesora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.

La experta afirmó que hay condiciones para depurar en la medida que avance un proceso de justicia con diputados señalados y con asuntos pendientes de resolver.

En tanto, Marielos Fuentes, de la organización Guatemala Visible, indicó que una primera forma de depuración sería que el TSE no le entregue credenciales para toma de posesión a políticos señalados.

“De todas maneras algunos de los que van a tomar posesión no llenan el perfil y con el artículo 113 de la Constitución siempre se puede apelar a que estas personas vean que la población no va a permitir que se siga abusando del ejercicio del poder”, explicó Fuentes.