40 Millones de quetzales es el presupuesto que aprobó el Congreso para el funcionamiento en el 2003 de la Procuraduría de Derechos Humanos.

El balance de la situación de los derechos humanos en Guatemala cerró con un saldo negativo: cientos de operadores de justicia y activistas humanitarios fueron víctimas de intimidaciones y violencia; reaparecieron grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, y la ley de Lynch -justicia por mano propia- fue aplicada con total impunidad.

Los informes elaborados por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, Minugua, y el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, fueron contundentes: Este año, los derechos humanos se deterioraron de forma considerable y afrontaron un grave retroceso.

Para ejemplificar la crisis que afrontan, Tom Koenigs, jefe de la Minugua, expuso que en el 2002 aumentaron las intimidaciones en contra de jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos; asimismo; resurgieron grupos ilegales y aparatos clandestinos, y creció el número de linchamientos en todo el país.

Ello, sin contar el aumento generalizado de la impunidad. Mientras tanto, el GAM cuantificó 3,186 hechos de violencia.

Desigualdades sociales

?El panorama de discriminación étnica y las profundas desigualdades sociales y económicas que aún persisten en el país no fueron eliminados con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. La respuesta estatal ha decaído considerablemente, al no cumplir con las expectativas que apuntaban a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos?, opinó Koenigs.

Miguel Angel Albizures, de Alianza contra la Impunidad, coincide con lo planteado por Minugua, pero además reconoció que el incumplimiento del Gobierno a los compromisos asumidos en el Grupo Consultivo también influyó en el deterioro de los acuerdos de paz.

?Combatir la pobreza, la corrupción y la impunidad fueron algunas de las promesas, pero todo sigue igual?, agregó.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, señaló que quizá la mayor incidencia que revela el deterioro de los derechos humanos es el aumento de la pobreza, y la falta de acceso a los servicios de educación y salud. ?Con ello se evidenció el incumplimiento del Estado de los derechos culturales, económicos y sociales?, indicó.

Eso, sin contar con la inobservancia del derecho a la vida. Este año se registraron 90 casos de violencia en contra de operadores de justicia, y una cifra similar en contra de defensores de los derechos humanos, así como ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales contra niños de la calle, travestis, prostitutas y personas que, se supone, están involucradas en bandas delincuenciales.

?En el 2002 el Estado evidenció su falta de voluntad para desmantelar los cuerpos clandestinos de seguridad, responsables de la mayoría de hechos de violencia en contra de operadores de justicia y activistas pro derechos humanos?, explicó Ibarra.

Bajo la mirada internacional

Este año los números rojos en las estadísticas de violaciones a los DD.HH. hizo que llegara al país la representante de Naciones Unidas, experta en la materia, Hina Hilani, quien mostró su preocupación por el hostigamiento contra activistas de derechos humanos.

A la visita de Hilani siguió la de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, encabezada por Santiago Canton y Susana Villarán.

Luego de evaluar el problema, calificaron de preocupantes los allanamientos e intimidaciones contra activistas y solicitaron a las autoridades que se investigaran los casos.

Signo de deterioro

Los linchamientos son el signo más relevante del deterioro de la situación de los derechos humanos, los cuales tampoco estuvieron ausentes este año.

Para el ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, los linchamientos son un problema de justicia, más que de seguridad. Sin embargo, aseguró que la cartera a su cargo ha tomado una serie de medidas con el propósito de, si no erradicarlos, por lo menos prevenirlos.

Otro de los casos que este año engrosaron la lista de violaciones a derechos humanos fueron las amenazas contra antropólogos forenses que efectúan exhumaciones en el interior del país.