La necesidad urgente de atacar de manera frontal todas las formas de corrupción y reducir la emigración ilegal son los dos temas recurrentes en las relaciones entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos, como quedó claro, nuevamente, en las palabras del vicepresidente Joe Biden dirigidas en Washington a los mandatarios de esa región. Ello justifica el análisis de las posibilidades reales que tienen tales condiciones.

En el caso de la emigración ilegal, la solución no se puede lograr a corto plazo porque depende de una serie de factores socioeconómicos, cuya presencia en dichos países es una de las causas, si no la principal, de que un amplio número de ciudadanos centroamericanos arriesguen su vida en el viaje para lograr un sueño americano que cada vez es más lejano y que también se complica, debido a condiciones políticas y sociales de la Unión Americana.

La corrupción es un tema distinto. Si bien ese fenómeno existe en todos los países y desde el principio de los tiempos, en la actualidad se trata de un flagelo que se concentra sobre todo en los más altos niveles del Gobierno y ha provocado rechazo a escala global, así como el surgimiento de fuerzas políticas nuevas, prácticamente antisistema.

En Guatemala y El Salvador comienzan a florecer juicios contra expresidentes y otros altos funcionarios de gobierno, acusados de haber cometido actos de corrupción que tienen la característica de ser exagerados y causantes de atraso, muerte y subdesarrollo.

Este tipo de corrupción sí es posible reducirlo, si no eliminarlo, con la decisión de permitirle funcionar al sistema jurídico. El primer paso es liberarlo de las ataduras que tiene con poderes fácticos. La lucha contra la corrupción es una exigencia de los guatemaltecos, como quedó manifestado con claridad el año pasado. Mantener ese sistema no solo derrumbará el apoyo popular, sino contribuirá a que la comunidad internacional detenga o disminuya su participación en los esfuerzos porque mejoren las condiciones de vida que provocan el éxodo.

Es posible combatir la corrupción, ciertamente. Pero se debe analizar en todas sus manifestaciones: el compadrazgo, el transfuguismo, ya que siempre tendrán efectos en el sostenimiento y el incremento de los abusos y negocios turbios cometidos a la sombra del poder.

Es en este campo en el que son aceptables las condiciones señaladas en Washington, porque en la práctica es imposible que un gobierno estadounidense logre convencer al Congreso y al Senado de otorgar cualquier cantidad de fondos para los países del Triángulo Norte, si allí la corrupción es burda y notoria, pero sobre todo impune y creciente.

Una vez logrados avances en cuanto a reducir la corrupción, el Istmo puede señalar otro hecho innegable: la importancia de que en beneficio de la seguridad nacional estadounidense las sumas de dinero invertido en esta zona estratégica respondan a ese factor geográfico. En el universo de los gastos estadounidenses, la suma de US$750 millones para tres países se antoja francamente modesta, aunque para la realidad de los del Triángulo Norte sea algo distinto.