Elecciones Generales Guatemala 2023

Decisión libre 2023: Partidos políticos tendrán un techo de campaña de Q34.9 millones

El montó está pendiente de ser oficializado por el TSE, pero se obtiene tomando como base el cierre de empadronados al 2022, según cita la Lepp.

empadronamiento electoral

El padrón electoral hasta el 31 de diciembre del 2022 era de 8 millones 905 mil 455 ciudadanos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el 26 de marzo, cuando finaliza el proceso de empadronamiento, todos los partidos políticos inscritos para las elecciones comenzarán con su campaña electoral para lo que tendrán como límite de gasto Q34.9 millones.

Eso según lo dictado en el inciso “e” del artículo 21Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que afirma que el techo de campaña será el equivalente al total de empadronados un año antes de las elecciones multiplicados por 50 centavos de dólar.

Los datos del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón (Dicep) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reportaron al 31 de diciembre de 2022, un total de 8 millones 905 mil 455 ciudadanos empadronados.

Al hablar de los comités cívicos el techo es menor, se reduce a Q6 millones 987 mil 469.35, ya que la cifra del total de empadronados al cierre de 2022 se multiplica por 10 centavos de dólar.

Los partidos políticos que aspiran a la presidencia, diputaciones y alcaldías contarán con un techo mayor al de las elecciones del 2019 por Q5 millones, en aquella oportunidad el monto fijado fue de Q29 millones.

Según el departamento de Organizaciones Políticas del TSE existen actualmente 29 partidos políticos, lo que hace presumir que el total de campaña para el 2023 podría ser de al menos Q1 mil 12 millones.

El primer paso para el arranque oficial de la próxima contienda electoral será el viernes 20 de enero, cuando en un acto solemne el Pleno del TSE presenté el acuerdo de convocatoria a elecciones que contendrá las principales fechas y reglas de la contienda política.

Criterios del financiamiento

El Pleno del Congreso de la República reformó la LEPP en el 2016, aplicando controles más severos para cualquier tipo de aporte monetario o en especies que reciben los partidos políticos para el proceso de campaña.

Esto implica un número de reglas y condiciones estrictas que son detalladas en la LEPP. Por ejemplo, es estrictamente prohibido que algún partido político reciba aportes, por más mínimos que sean, de instituciones y personas extranjeras.

Tampoco pueden aportar a los partidos políticos personas que hayan recibido sentencia condenatoria por delitos contra la administración pública, lavado de dinero y otros similares.

Incluso si alguien no enfrentó proceso penal pero si sus propiedades enfrentan un proceso relacionado a la extinción de dominio, tampoco puede ayudar económicamente a las agrupaciones políticas.

Cualquier tipo de aporte en especies que reciban las agrupaciones tendrán que informarlo al TSE, y todo aporte económico tendrá que ingresar a las cuentas bancarias de los partidos y ser notificadas a la autoridad electorales.

El TSE se encargara que contratar la pauta en los medios de comunicación tradicionales, pero los partidos tienen la libertad de contratar la pauta en las redes sociales, eso según las recientes modificaciones a sus reglamentos.

Este aporte económico a las redes sociales tiene que ser documentado y notificado a la entidad electoral, ya que estos aportes entran dentro del techo de campaña fijado para las elecciones del 2023.

Sanciones

No respetar el techo de campaña o no ser transparente en sus finanzas trae sanciones administrativas y jurídicas de alto nivel, y eso lo saben bastante bien los extintos Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder).

El primero de ellos fue cancelado por el Registro de Ciudadanos del TSE, la razón fue una serie de incoherencias en los informes relativos al financiamiento que reportó la agrupación.

Con el segundo caso, las distintas inspecciones del TSE determinaron que Líder sobrepasó el techo de campaña fijado para las elecciones del 2015 que fue de Q52.4 millones.

La LEPP explica en el inciso “k” del artículo 21Ter que la cancelación de la organización es una de las sanciones en caso de incumplir las normas relativas al financiamiento, donde se detallan también acciones penales contra las organizaciones y sus secretarios generales.

Pocas expectativas

Las reformas aplicadas en 2016 contienen una serie de errores al hablar de los procesos de financiamiento y control, así lo admite el exdiputado Roberto Alejos, quien formó parte del Legislativo cuando se reformó la LEPP.

“Creo que nos equivocamos porque pusimos tanto para poder depositar en las cuentas bancarias y ahora los bancos ni quieren abrirle cuentas a los partidos políticos, hay tantos requisitos para poder colaborar con un partido que nadie quiere aparecer legalmente como financista de un partido político”, señaló.

Lo anterior podría repercutir en una serie de aportes directos, en efectivo, que difícilmente serán documentados, Alejos incluso estima que todos esos aportes podrían hasta duplicar el techo de campaña de este año.

“Lamentablemente va a aparecer mucho dinero en efectivo no controlado que el TSE no tendrá capacidad de fiscalizar, esto se reduce a todos los regalos que se dan en las campañas clientelares; obsequios, premios, rifas y bolsas de comida que se dan en un mitin, probamente solo en esto se gastarán una cantidad similar a los Q34 millones”, indicó.

Para José Echeverría, director del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es importante que cada agrupación política que aspira a cargos de elección popular de una muestra de transparencia siendo claro de dónde salen sus recursos.

“Uno de los peligros que se ve es que pueda haber financiamientos que provengan de otras fuentes que no sean transparentes, como pueden ser aportes a cambio de favores de obra pública, hay que estar atentos a como se va ejecutando”, explicó.

En la contienda política estas agrupaciones suelen ser blanco de atención de grupos criminales, que estarán dispuestos a inyectarles grandes cantidades de dinero a cambio de asegurar una futura impunidad, señaló el experto.

“Pero cuando los aportes se realizan afuera, sin que sean bajo esa estructura institucional el riesgo que se corre es que esos aporten no sean de un apoyo al partido sino a cambio de un beneficio que buscan estructuras criminales como el narcotráfico a cambio de la compra de voluntades”, concluyó.

Tanto Alejos como Echeverría consideran que el principal fiscalizador tendrá que ser la población, para denunciar cualquier actividad fuera de lo común cuando los partidos políticos visiten comunidades para pedir un voto para las elecciones del próximo 25 de junio.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de expreiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.