Entre las personas a quienes se ha señalado recientemente de estar vinculadas con ese tipo de hechos están la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez, los diputados Gudy Rivera, Mario Rivera, Baudilio Hichos y Pedro Muadi —con antejuicios en trámite—; exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria —Carlos Muñoz y Omar Franco— y, si las investigaciones avanzan y se hallan indicios, el gobernante Otto Pérez Molina.

Precedentes

El 3 de junio último, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de antejuicio contra el mandatario, promovida por el diputado Amílcar Pop, quien lo señaló de encubrimiento propio, asociación ilícita, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó una denuncia en el Ministerio Público, por transacciones sospechosas, en contra del diputado Mario Rivera Cabrera. El legislador habría recibido Q500 mil de comisión por haber beneficiado a una empresa contratista del Estado para mejoramiento de la red vial en Quiché, departamento al que representa.

Clamor

Daniel Pascual, secretario del Comité de Unidad Campesina, afirmó que es necesario que la Ley de Extinción de Dominio se aplique con firmeza a cualquier persona, incluso a exfuncionarios como Baldetti Elías, y, de probarse irregularidades, al presidente de la República.

Agregó que la Ley es clara y su aplicación es para “cualquier persona que no pueda demostrar cómo adquirió bienes o cuentas en los bancos”.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria, agregó que “la Ley está hecha para que se retire el dominio de los bienes de las personas que los hayan adquirido de manera ilícita”.

“Lo que ha hecho falta muchas veces es la aplicación justa y cumplida de la Ley. Creemos que indistintamente del cargo que pueda tener cualquier persona, debe aplicársele la ley, siempre y cuando se haya seguido el debido proceso”, afirmó Zepeda.

Carla Caballeros, directora Ejecutiva de la Cámara del Agro, aseveró que las autoridades de justicia, independientemente de lo que piense la sociedad o funcionarios, deben aplicar la ley y mantener el imperio de esta.

Recordó que las leyes fueron hechas para cumplirse, y que su aplicación debe ser ajena a lo que opine la sociedad y la coyuntura política que se afronte.

En la provincia

Roxana Castillo, representante de la sociedad civil de Quetzaltenango, señaló que “es importante que la Ley de Extinción de Dominio se aplique firmemente, no solo contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez, sino en contra de todos los funcionarios que se ha demostrado que cometieron algún ilícito”.

David García, alcalde comunitario del cantón Pacajá Bajo, Quetzaltenango, opina que la ley debe aplicarse a todos por igual, sin bondad alguna o tráfico de influencias por el poder que tuvieron estos personajes en el Estado, ahora señalados de actos de corrupción.

Roberto Alvarado, politólogo de Cobán, Alta Verapaz, aseguró que “debe aplicarse la ley a los políticos, porque fue creada con la finalidad de evitar el lavado el dinero, la triangulación de fondos y el enriquecimiento ilícito”.

“Cuando hablo de la clase política, me refiero a todos, no solo a la ex vicepresidenta; también a diputados, gobernadores y alcaldes. En Alta Verapaz hay varios casos que deben ser investigados. Da la impresión de que los jueces y los fiscales del MP solo actúan cuando hay escándalos”, comentó Alvarado.