El FRG aprobó ayer la Ley Procesal en Material de Antejuicios, la cual, según diputados de oposición, ?da luz para fomentar la impunidad y retrasar la aplicación de la justicia?.

La normativa, que entrará en vigencia el 1 de febrero del 2003, unifica en un solo cuerpo todo lo relativo al derecho de antejuicio, y que actualmente se encuentra disperso en leyes de diversa naturaleza.

La oposición cuestionó, entre otras cosas, que la ley aprobada establece que el derecho de antejuicio es irrenunciable.

Asimismo, reduce las facultades de la figura de la comisión pesquisidora que se integra en el Legislativo, y amplía los plazos de resolución cuando los procesos lleguen a la instancia judicial.

La diputada independiente Anabella de León dijo que la aprobación de esta ley sólo ?busca retardar la justicia contra aquellos funcionarios involucrados en corrupción?.

La congresista debatió insistentemente contra la aprobación de este decreto.

También Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, rechazó la ley en mención, por considerar que no contiene cambios de fondo para mejorar la aplicación de la justicia a funcionarios que se involucren en anomalías.

?El antejuicio es una herramienta necesaria para aquellos buenos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones pueden ser blanco de ataques; no obstante, creo que esta figura se ha venido desnaturalizando. Amparados en el antejuicio, muchos dignatarios y funcionarios han cometido delitos?, dijo.

Jorge Ríos Castillo, del FRG, consideró que no buscan proteger a ningún funcionario, sino sólo aplicar los principios de efectividad de la justicia, a fin de dar espacios prudentes para que se investigue.

Acción: Denunciarán al IGSS en el MP

Anabella de León, diputada independiente, presentará hoy al Ministerio Público, MP, una denuncia en contra de la directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, por la compra de bonos.

?El gerente del IGSS, César Sandoval, tuvo la autorización para la compra de bonos y utilizó los fondos de la entidad para otras finalidades, que no son la propias de la institución?, dijo.

La diputada cree que se violó la Constitución, la cual establece la autonomía del IGSS, y también porque el uso de sus fondos en compra de bonos es ilegal.

El instituto adquirió US$7.5 millones en bonos la semana pasada; éstos son parte de los US$700 millones aprobados por el Congreso.

De León pidió la citación al pleno de Carlos Wolhers, titular de la directiva del IGSS, para que explique sobre el tema.