La nota fue distribuida ayer a la Presidencia, ministerios, dependencias del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación y entidades autónomas y descentralizadas que reciben aportes de la administración central.

Estas normas —que ya entraron en vigencia— se suman a otras regulaciones que se aprobaron en el presupuesto, sobre gastos superfluos.

El objetivo, según Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, es lograr para el 2016 un ahorro por Q150 millones, mientras se cumple con los procesos de restructuración del gasto, para hacerlo más eficiente, y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para mejorar los ingresos fiscales que nutren el Presupuesto.

Sin embargo, continuará el endeudamiento interno por la colocación y nueva solicitud de bonos del tesoro al Congreso, por Q1 mil 663 millones, el pasado 1 de febrero, fondos que ya tienen destino.

Si el Congreso legaliza el endeudamiento, el monto colocado para el 2016 sería de Q11 mil millones, el más alto en los últimos años. La deuda pública —suma de la interna más la externa— alcanzaría los Q134 mil millones.

En los últimos 10 años —2005-2015—, la deuda interna ha crecido en 277 por ciento. En 2015, el Congreso aprobó un presupuesto de Q70 mil 796.30 millones.

Congelan plazas

La primera acción que se toma es la congelación de nuevas plazas en dependencias del Estado.

“Las instituciones públicas no podrán solicitar la creación de puestos nuevos financiados con ingresos tributarios”, expone la circular.

Además, recomienda a las personas que dirigen instituciones abstenerse de crear plazas o gestionar bonos o incentivos para los trabajadores públicos.

La norma también ordena que las dependencias públicas no deben negociar pactos colectivos de condiciones de trabajo ni incrementos a beneficios salariales y económicos de los empleados.

Además, advierte de que si se incumple esta disposición, se hará responsables de ello a los funcionarios encargados.

Para este año, el Ejecutivo debe renegociar al menos 15 pactos colectivos, entre los cuales resaltan los de los ministerios de Educación y Salud.

También quedaron suspendidas la compra de vehículos, servicios protocolarios —excepto el diplomático—, alquiler de edificios y locales adicionales a los existentes, así como remodelación de oficinas.

Otra medida será respecto de la compra de uniformes para el personal, que solo se podrá hacer para los ministerios de Gobernación y de la Defensa.

Morales indica en la circular que fue suscrita el pasado 15 de febrero que no se descarta adoptar otras medidas.

Prioridades

Martínez expuso que los gastos prioritarios del Gobierno serán en Salud, Educación, Gobernación y Defensa, para seguridad ciudadana y mantenimiento de carreteras por el Ministerio de Comunicaciones.

“Lo que queremos es no generar contingencias —gastos— adicionales en una administración financiera que se encuentra en crisis, pero para ello debemos lograr que no se generen más compromisos”, subrayó Martínez.

Otra acción que tomará Finanzas es que los servicios y adquisición de bienes no sean multianuales, sino para cubrir un plazo de 12 meses, como máximo, con los proveedores.

En este período, explicó Martínez, se trabajará en las normativas relacionadas con los programas de compras y contrataciones del Estado y la implementación de las compras mediante la subasta inversa.

Eso significa que se otorgarán los contratos a las firmas que ofrezcan a menor precio por unidad respecto del volumen que se adquiera.

La intención, explicó el viceministro, es seguir los mecanismos de buenas prácticas y eficiencia del gasto.

“Hablar de contenciones no significará dejar de dotar de fondos a las entidades”, aclaró.

El promedio mensual de ahorro en la caja fiscal, según la previsión, será de Q12.5 millones.

Las medidas de contención del gasto público fueron impuestas durante el primer año de la administración del Partido Patriota (PP), por el entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien redujo.

Durante esa gestión salió a luz pública la operación de la red conocida como La Línea en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que defraudó al fisco y que supuestamente era dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes guardan prisión.

Alarma

Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, dijo que la lectura que le da a esta medida es que el Gobierno no confía en las propuestas para mejorar los ingresos fiscales, a pesar de que existe una mesa técnica que estudia las mejoras en la SAT.

“Las notas de contención del gasto se pueden interpretar como que el Gobierno no está tomando en serio la mesa en el Congreso y está considerando mejor recortar los presupuestos”, afirmó.

Esta medida significará que los ciudadanos no obtendrán calidad en los servicios públicos, debido al ajuste que se decretó, afirmó el exfuncionario.

Auguró que las carencias estatales continuarán este año.