Pérez Arana fue la encargada de leer el fallo, y mientras indicaba las razones por las cuales declararon inocentes a los acusados, llamó la atención al MP, debido a que al final del juicio solicitó cambiar el delito a los procesados.
Desarrollo
El pasado 5 de mayo, el Tribunal inició el debate contra Marco Vinicio Jolón, Jenifer Jeanneth Fuentes Morales, María Elena Pérez Hernández, Abdí Eleazar Sintú Alfaro, Imelda del Rosario Fuentes, Maite Ochaita Pérez y Ana Luisa López Félix.
También eran acusados Enma Surama Cruz Hernández, Leonisa Aidé Carreto Mejía, María Magdalena Jolón Figueroa, Eraldo Román Pérez, Yiomara Lisete Álvarez Carrera, Maritza de León Lucas, Victoria Elizabeth Marroquín López y Mitchel Gabino Chutay.
Los delitos por los que el órgano investigador los acusó en aquella ocasión fueron asociación ilícita, encubrimiento propio, obstrucción extorsiva de tránsito —extorsión contra transportistas— y conspiración.
Según las pesquisas, los procesados habrían integrado una red que entre noviembre del 2009 y junio del 2013 exigió a sus víctimas depósitos monetarios a cuentas bancarias, por Q9 mil 600 quincenales.
Pero cuando solicitaron que les fueran impuestas penas de 15 años de cárcel, lo hicieron por el delito de extorsión.
Pérez Arana dijo que, con ese cambio, el MP mostró que no contaba con las pruebas necesarias de la existencia de una estructura criminal.
“La Fiscalía solo juntó las boletas de depósitos hechos por las víctimas, y con eso fueron a traer a las personas dueñas de las cuentas donde fueron hechos los depósitos, y se inició un proceso en su contra”, indicó la jueza.
La funcionaria agregó que con esos documentos el órgano acusador no logró probar que los procesados integraron una banda de extorsionistas, porque no se demuestra cuál fue la función que cada uno de los acusados tuvo en la red.
“Las extorsiones son acciones que realizan grupos organizados. Las bandas definen las funciones de las personas que exigen el dinero, otras que lo reciben, otras que amenazan por no entregar las cantidades y quienes ejecutan esas amenazas”, aseguró Pérez Arana.
3 Años y siete meses, dice el MP que operó la red.
