Los sindicados son Eulalia Lilian Herrera Mérida, Mario Gilberto de León Gil, Germán Estuardo Ralón Hernández, Edgar Alexánder Quiñonez y Rosa Esmeralda Oliva Toj.

Cojulum señaló que los sindicados estaban conscientes de la irregularidad que se estaban cometiendo en el Congreso respecto a las plazas.

De acuerdo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia María Bolaños Morales, contrató a Quiñonez, Herrera Mérida y Ralón Hernández; por un salario mensual de Q12 mil 500, entre octubre y diciembre de 2013.

Las personas firmaron sus contratos —pero no se presentaban a trabajar— y las cuentas fueron abiertas por Bolaños Morales, quien les debitaba el dinero de sus cuentas y hacía los depósitos a cuentas de la empresa Productos, Servicios y Equipos, propiedad del diputado y expresidente del Congreso, Pedro Muadi.

Muadi al frente de la estructura

El exceso de pago en sueldos y viáticos, así como la supuesta creación de plazas fantasmas, son algunos de los señalamientos que crecieron durante la gestión de Muadi al frente del Congreso durante 2013.
Sólo en los últimos cuatro meses de ese año, el informe de gastos del Congreso dio cuenta del incremento en el pago de sueldos para Muadi, en vista de que en el primer cuatrimestre se erogaron Q115.8 millones, mientras que subió a Q175.4 millones de septiembre a diciembre de 2013.

Organizaciones sociales denunciaron la existencia de plazas fantasma en el Legislativo, porque había quejas de personas contratadas que nunca llegan al Parlamento o que es inexistente, pero no se determinó el origen de dichas contrataciones.

Además, seis días de que terminara su mandato como presidente del Parlamento, se compraron 250 cámaras de seguridad por Q6.8 millones. Muadi justificó la compra porque cada semana había denuncias de allanamientos y robos en las oficinas de diputados en los 16 edificios que renta ese organismo.

Previo a la adquisición, se contrataron a expertos en cámaras de seguridad para que realizaran un estudio y asesoraran las bases de licitación, servicio que costó Q40 mil más.

El entonces presidente del Congreso reconoció que otras tres empresas ofrecieron las cámaras a menor precio, pero fueron rechazadas porque no estaban completas sus ofertas. También rechazó los señalamientos de afinidad con la junta licitadora.