En una reunión celebrada por los integrantes de esa oficina se acordó emitir un pronunciamiento a favor de las personas detenidas que podrían tener serias complicaciones en su salud si llegaran a ser diagnosticadas con covid-19.

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Esa postura busca que las autoridades en materia de seguridad prioricen estrategias sanitarias para evitar que el hacinamiento de la red carcelaria ocasione un foco de infección entre las personas privadas de libertad y guardias que las custodian.

En concreto piden al Organismo Judicial (OJ) evaluar el expediente de quienes son vulnerables ante la pandemia; entre estas se encuentran 644 adultos mayores, 72 mujeres en gestación, mil 116 con enfermedades crónicas, y 280 con algún tipo de discapacidad.

A criterio de Otto Paz, relator de la Oficina Contra la Tortura, es necesario que las autoridades judiciales verifiquen quiénes de las personas citadas podrían optar a una medida sustitutiva de arresto domiciliario para evitar poner en riesgo su vida.

“Lo que sí es claro es que hay muchos beneficios, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores o de las enfermedades terminales, el reglamento del Sistema Penitenciario establece que se les puede dar una libertad para una muerte digna o por una enfermedad terminal”, comentó Paz.

CSJ y diputados por emitir postura

Las recomendaciones que hizo la Oficina de Prevención de la Tortura llegaron este lunes al despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como a la Cámara Penal, por lo que aún no se cuenta con una postura al respecto.

Según el vocero de la CSJ, Mario Siekavizza, por haber recibido hasta hace poco las recomendaciones las mismas tiene que ser analizadas por la presidenta en funciones, Silvia Patricia Valdés, así como por los integrantes de dicha Cámara judicial.

Por su parte, el diputado Aldo Dávila, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que planean esta semana citar a autoridades de Salud y Seguridad para evaluar las condiciones sanitarias de la población privada de libertad.