Expertos advierten de clima de desestabilización

Asesinatos con mensajes contra el Ministerio Público e intentos para minar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala son vistos como una reacción desesperada de grupos criminales.

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El Barrio 18 asesinó el viernes pasado a cuatro pandilleros en el Preventivo de la zona 18. Los acusó de colaborar con el MP. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Barrio 18 asesinó el viernes pasado a cuatro pandilleros en el Preventivo de la zona 18. Los acusó de colaborar con el MP. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Asesinatos en las cárceles con mensajes contra la Fiscalía, petición de un juez al ministro de  Gobernación para que preserve la vida de testigos protegidos y mensajes en Twitter que inducen a minar el apoyo al Ministerio Público (MP) y a  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)   buscan frenar la lucha contra la corrupción,  señalan expertos.

Durante el fin de semana, el diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, en un mensaje en Twitter se congratuló sobre el posible retiro de 300 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que apoyan operativos del MP y la Cicig. Varias veces se intentó contactar a Galdámez, pero no respondió las llamadas por teléfono.

Al respecto, el director de la PNC, Nery Ramos dijo: “No he recibido ni he dado instrucción sobre el retiro de personal que apoya al MP y Cicig… no sé qué razones tiene el señor diputado para indicar eso”, refirió Ramos.

Para   Édgar Gutiérrez, excanciller y exsecretario de análisis estratégico de la Presidencia, “frente a este tipo de mensajes, el primero en salir a aclarar deber ser el ministro de Gobernación —Enrique Degenhart— apoyado con el presidente. Pero no tenemos las declaraciones de ellos. Su silencio contribuye a socavar el estado de inseguridad en que ha entrado el país en los últimos días.

“En términos legales no pueden dejar al MP y a la Cicig sin apoyo de la Policía, hay convenios. La PNC está obligada a prestar auxilio a los operadores de justicia”, analizó Gutiérrez.

En caso fuera cierto, dijo, pueda que se pierda  la confianza en los nuevos agentes que serían asignados al MP y a la Cicig, porque se podría filtrar información de órdenes de captura, “habría un boicot a la justicia y la lucha contra la impunidad”, puntualizó.

El viernes

El pasado viernes, en el Preventivo para Hombres de la zona 18 fueron encontrados muertos cuatro reclusos, los cadáveres tenían golpes y  un cartel en el que los señalaban  de ser “colaboradores del Ministerio Público”.

“Lo que ocurrió —el viernes— no fue riña, no fue motín. Quiero aclarar, fue un asesinato que se dio de los mismos privados del sector 11. Según los letreros y los manuscritos, a ellos se les señalaba de ser colaboradores del MP (…) Ya se constató con la Fiscalía y no eran testigos ni colaboradores. Creemos que el Barrio 18 vive un caos por la falta de cabezas —jefes— y que están aislados, llenos de desconfianza”, dijo el director del Sistema Penitenciario (SP), Juvel de León.

Ese mismo viernes,  el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien tiene a su cargo los casos La Línea, Cooptación del Estado y La Cooperacha, envió un oficio al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, donde le indica “de acuerdo con los convenios de colaboración le apercibe a su persona  en la calidad de ministro de Gobernación,  que se deben tomar las medidas necesarias para  velar por la vida, seguridad e integridad física de los sindicados Juan Carlos Monzón Rojas, Miguel Ángel Martínez Solís y Jorge Guillén Sagastume”. Los tres sindicados son colaboradores eficaces de la justicia.

“Que el juez aperciba al ministro de Gobernación, es porque tiene alguna noticia de que corre un riesgo”, señaló el abogado Alejandro Balsells Conde.  

“Para el Ejecutivo y la bancada oficial en el Congreso no hay ningún interés en el combate a la corrupción; al contrario, hay intereses por atajarla y darla por concluida en beneficio de Otto Pérez Molina y todos los que están procesados”, dijo Balsells.

“Aquellos grupos que están siendo perseguidos por la justicia o que temen ser alcanzados por las pesquisas del MP y la Cicig serían los más interesados en difundir mensajes y crear confusiones para crear un clima de desestabilización”, resaltó Gutiérrez.

Sobre el posible retiro de los agentes de la PNC, la Fiscalía informó no tener   conocimiento del tema. “El Ministerio Público no tiene nada que ver con la logística que la PNC implemente”, respondió. 

El vocero de la Cicig, Matías Ponce, dijo: “La Cicig tiene un mandato para coordinarse con el MP y el Ministerio de Gobernación, para fortalecer las instituciones  y fomentar una cultura de legalidad”.

Reorganizan

Sobre los posibles cambios en la PNC, el vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, manifestó:

“El encargado del Ministerio de Gobernación es el señor Enrique Degenhart,  será él quién pueda informar sobre las decisiones. Estoy al tanto del tema, pero no le puedo decir que fue una orden, sino que es una reorganización que hace el ministro. Del presidente —Jimmy Morales— no. Estoy enterado de una presentación que efectuó  el ministro —a Morales— sobre la cuentadancia de los oficiales que están en otras instituciones”.