“La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por funcionarios públicos y privados para lograr la sustracción de 35 millones de dólares del Estado de Guatemala”, dijo Aldana.

Política

Transportistas habrían financiado a la UNE en las elecciones.

A su vez, sostuvo que Juan Alberto Fuentes Knight, entonces ministro de Finanzas y actual presidente de organización no gubernamental, Oxfam Internacional, era “el responsable de que la política pública se ejecutara de acuerdo con la ley”, y no lo hizo en este caso.

La pesquisa indica que en el año 2008, el expresidente Álvaro Colom, nombró a su secretario privado, Gustavo Alejos para hacerse cargo de la implementación del sistema prepago de transporte.

• Cuando el Transurbano y Transmetro se complementaron

Entonces, integrantes de la Comisión de Modernización del Transporte suscribieron un acuerdo con Alejos para que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) se hiciera cargo del proceso de negociación y compra de los buses.

Paralelo al acuerdo firmado, la AEAU formó cuatro sociedades anónimas para captar los fondos destinados al sistema prepago. Las empresas son:

1. Expansión Corporativa Mileniun, S.A.
2. Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A.
3. Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.
4. Concesionarios de Transporte, S.A.

Todas las personas registradas en las sociedades anónimas están vinculadas a la dirección de la AEAU.

• Quiénes son los prófugos del caso Transurbano

Luego que el Estado entregó los US$35 millones, Q270 millones, la pesquisa  del MP y la Cicig revela que ese dinero se distribuyó de la siguiente forma:

• Q102 millones 522 mil 161.16, para la maquinaria del sistema prepago, equipo que está guardado en una bodega.
• Q44 millones 11 mil 613.33, que se utilizaron para gastos de compatibles con el proyecto: arrendamientos y pagos de planilla, energía eléctrica e internet, entre otros servicios.
• Q9 millones 566 mil 318, del capital retornaron al país a través de transferencias efectuadas por  la empresa.
• El resto del dinero, según la Fiscalía se gastó sin acreditar el destino.  

Para obtener el dinero sin mayores controles y evadir los procedimientos que establece la Ley compras y contrataciones del Estado, funcionarios del gobierno de Álvaro Colom, aprobaron un acuerdo gubernativo que les garantizó la entrega de los US$35 millones.

Entérese:

El calvario que viven día a día los usuarios del Transurbano

Los procedimientos que omitieron:

• No se remitió el proyecto de implementación del sistema prepago a la Secretaría General de Planificación.
• No se consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre la conveniencia de poner a funcionar el sistema prepago.
• No se solicitó a la Procuraduría General de la Nación el visto bueno si el negocio era lesivo para el Estado.
• No existió estudio sobre el alcance, el costo y la necesidad del sistema prepago.
• No se efectuó la licitación como lo establece la ley.
• No existió análisis técnico y financiero para determinar el monto del proyecto.

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Peculado y fraude

Junto al ex mandatario y su entonces ministro de Finanzas, también fueron detenidos quienes ocupaban los cargos de Gobernación, Salvador Gándara; de Defensa Nacional, Abraham Valenzuela; de Trabajo, Edgar Alfredo Rodríguez; y de Salud, Celso David Cerezo Mulet.

La lista de detenidos se completa con los ex ministros de Eduación, Ana Ordóñez; Cultura y Deportes, Gerónimo Lancerio; y Ambiente y Recursos Naturales, Luis Alberto Ferraté Felice. También fueron detenidos el ex viceministro de Economía Óscar Erasmo Velásquez y el ex viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus.

El juez José Eduardo Cojulum, titular del Juzgado Undécimo Penal, informó a los detenidos que el MP y la Cicig los acusan por los delitos de peculado y fraude.

El juez fijó para el 23 de febrero la audiencia de primera declaración, y ordenó el traslado de los detenidos a una cárcel en el cuartel militar Mariscal Zavala, en las afueras de la capital.

A fines de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA) había designado a Colom como representante especial en una mesa de trabajo con el Gobierno de Honduras, tras más de dos meses de crisis institucional en ese país por las acusaciones de fraude electoral de la oposición tras las elecciones presidenciales.