El argumento de Bonilla fue que el juez Décimo, Víctor Cruz, “se negó” a entregarle el documento de la acusación de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Esto aplaza la audiencia de primera declaración que el juez debía fijar para este mes. En el Juzgado Décimo Penal solo informaron que la indagatoria aún no tenía fecha.
Bonilla estuvo ausente a la indagatoria el 9 de abril debido a una excusa que plantearon sus abogados, aunque no se conocieron los detalles con el argumento que el caso está “bajo reserva”.
Plaza fantasma
El MP señala a Aldana por la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero, y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.
Según el contrato, el decano tenía la obligación de elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.
Además, se comprometió a “ejecutar actividades docentes de capacitación, presenciales y virtuales, para el personal del MP, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos metodológicos y administrativos estipulados en la Unidad de Capacitación de la Institución”, entre otros.
Un día antes de que se hiciera pública la orden de captura, Aldana salió de Guatemala a San Salvador, donde permanece actualmente, señalando al principio asuntos ya agendados, luego que las autoridades guatemaltecas no respetaban que ella tenía inmunidad de candidata presidencial y recientemente porque estaba protegiendo su integridad toda vez que la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) le avisó que había un plan para matarla, orquestado por Mario Estrada, preso en Estados Unidos por tocar la puerta del cartel de Sinaloa para asegurar la victoria presidencial, aunque en realidad estaba contactado a agentes de esa oficina estadounidense.
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