Para este miércoles se tiene previsto que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analice y discuta la solicitud de antejuicio contra Carlos Giovanni Ruano Pineda, juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal. Dicha acción fue interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), supuestamente por incurrir en los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.

Raúl Falla, abogado de la FCT, explicó que la solicitud de antejuicio se deriva por “una denuncia espuria e ilegal que presentó el juez Ruano Pineda en contra de la magistrada Blanca Aida Stalling Dávila”, el 10 de enero de 2017, porque supuestamente ejerció presión para que otorgara medida sustitutiva a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling en el caso IGSS-Pisa.

Molina Stalling era uno de los sindicados de fraude en la contratación de un servicio de diálisis peritoneal. La magistrada fue separada de su cargo y llevó un proceso el cual se resolvió a su favor, cinco años después.

Falla considera que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.

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A criterio de Falla “el juez Ruano se coludió con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para, de alguna manera, quitar a Blanca Stalling del camino porque les estaba siendo muy incómoda”, porque ella no aceptaba las peticiones espurias  que hacía esta entidad junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que en ese entonces era dirigida por Juan Francisco Sandoval.

El pasado 1 de diciembre se informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo que emitió el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal en el caso IGSS-Pisa, con lo cual revirtió las condenas que dictó el referido órgano jurisdiccional.

En este caso Molina Stalling fue uno de los beneficiados. Estaba señalado por supuesto cobro ilegal de comisiones.

El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal sentenció a Molina Stalling  a seis años y tres meses de prisión, sentencia que fue suspendida y se le otorgó una libertad condicional; además se le impuso una multa de Q50 mil.

Fue declarado culpable por cobro ilegal de comisiones, por su supuesta participación en la autorización de un contrato anómalo para atender a enfermos renales por Q116 millones, que el Tribunal calificó de fraudulento.

Último pleno antes de período vacacional

El 7 de diciembre se tiene prevista la última sesión de pleno de magistrados antes de las vacaciones de fin de año; no obstante, la fecha podría variar si hay alguna sesión extraordinaria. Las sesiones del pleno de CSJ se retomarán el 9 de enero de 2023.

El pasado 14 de septiembre, Stalling Dávila fue reinstalada y regresó a ocupar la Vocalía VII de la Cámara Civil de la CSJ, al reincorporarse formará parte de la discusión, votación y análisis de la solicitud de antejuicio interpuesta en contra de Ruano Pineda.

El juzgador espera que la CSJ “analice objetiva e independientemente la solicitud para no prestarse a una venganza o represalias por la denuncia que presenté en contra de la magistrada Stalling”.

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A criterio de Ruano la denuncia que interpuso “fue en cumplimiento de un deber, según la Ley de la Carrera Judicial y una obligación según el Código Procesal Penal”.

El procedimiento legal por la denuncia que se presentó contra Stalling Dávila estuvo a cargo Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo Pluripersonal, el cual dictó el sobreseimiento a su favor el 29 de junio de 2022, fallo que se encuentra firme.

Del sustento de la denuncia

Entre los hechos en los que fundamentan la denuncia, es que el 10 de enero de 2017 en “la sede de la Cicig, no en el Ministerio Público, no en la Policía Nacional Civil interpuso una denuncia” en contra de Blanca Aida Stalling Dávila, por hechos que, de acuerdo con Ruano, ocurrieron el 1 de septiembre de 2016; es decir “cuatro meses y 13 días después de la fecha en que aparentemente se ejecutaron las acciones”.

La FCT aduce que el juez Ruano realizó una grabación con una terminal móvil que era de uso personal y fue presentado como un medio de prueba la cual consideran que “fue grabado de forma ilegal y es un acto arbitrario”.

Entre los medios de prueba que se adjuntaron a la denuncia contra Ruano está la certificación del auto de sobreseimiento decretado el 29 de junio de 2022, a favor de Blanca Aída Stalling Dávila por el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia, por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena.