El funcionario guardaba prisión desde su captura el 19 de octubre, por un supuesto desvío de fondos desde la comuna de Chinautla hacia cuentas personales del alcalde.

Los delitos por los que fue capturado Medrano y ligado a proceso son peculado, lavado de dinero y falsedad ideológica.

El Juzgado Tercero Penal realizó este martes la audiencia de revisión de medida y decidió otorgar el arresto domiciliario a Medrano y a Ligia Anabella Alvarado Batres, que también está ligada al mismo proceso y según el Ministerio Público, integró la red que permitió el desvío de unos Q10 millones de fondos ediles a cuentas del alcalde.

Como medidas adicionales, Medrano deberá firmar cada 15 días el libro de la fiscalía de Lavado de Dinero y no puede salir del país y tampoco llegar a la comuna de Chinautla.

A Ligia Alvarado Batres se le fijó una fianza de Q50 mil a cambio de dejar la prisión. En el proceso también están sindicados Jorge Ulises Francia, Eduardo Francisco Castellanos y Catalina Gómez.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero anunció que se impugnará la resolución judicial que beneficia con arresto domiciliario a Medrano, esto porque la audiencia de acusación estaba programada para el 28 de diciembre y la de acto conclusivo para el 13 de enero del próximo año.

La investigación

El jefe edil pretendía justificar el traslado de dinero a través de escrituras públicas que simulaban una compra venta de un inmueble, intento fallido según investigación del MP.

“Mediante escritura 895 realizada en diciembre de 2004 faccionada por Edith Lorena González Camey se pretende justificar la compra-venta de derechos de posesión de un inmueble valorado en  Q10 millones; sin embargo la hoja de protocolo la compra Ligia Anabella Alvarado Batres en el año 2007”, aseveró el MP.

Medrano, que ha sido alcalde de Chinautla por 27 años, ha sido señalado en anteriores ocasiones por posibles actos de corrupción.

El 6 de julio de este año, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de la inmunidad al funcionario, al señalarlo de haber cometido fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero, y otros activos.

La investigación que originó esa solicitud de antejuicio surgió por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, debido a transacciones sospechosas.

Según esa investigación, en el 2008 se conformaron cinco empresas comerciales: Constructora Lagunilla, S. A.; Multitel, S. A.; Santa Cruz Construcciones, S. A.; Constructora Escala, S. A.; y Constructora Equité, S. A., que tenían el propósito de brindar servicios a la Municipalidad de Chinautla.

En el 2009 y el 2011, se estableció la existencia de otras sociedades mercantiles: Constructora El Campo, Dinámica Constructiva, S.A., y Constructora Aguirre Hermanos, S. A., que tenían vínculos con Medrano y que fueron beneficiadas con la adjudicación de obras pagadas por medio del fideicomiso de la comuna.

Los cheques que llegó a cobrar la familia Medrano Osorio tenían un valor total de Q24 millones 905 mil, de los cuales Q56 mil fueron otorgados a Brenda Elizabeth del Cid Medrano, alcaldesa electa de ese  municipio.