La jueza Anabella Acevedo Estévez decidió arraigar a Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., (Exmigua) y Vaides Medina, gerente general de esa compañía, luego de ser denunciados por los delitos de Desobediencia y Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Kappes y Vaides Medina no pueden salir del país mientras se mantiene vigente la orden de arraigo. 

La querella que promovió el arraigo de los representantes legales de la empresa minera fue planteada por el diputado Juan Ramón Lau porque pobladores de la Puya denunciaron que Exmigua continuó operando en San José del Golfo, pese a que fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en febrero, y se reafirmó el cese de actividades por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo último. 

Exmigua administra el proyecto Progreso VII Derivada, y desde el comienzo ha tenido oposición de los pbladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por por varios años se mantuvo un plantón que evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

Clausuran inmuebles 

Las instalaciones del proyecto minero Progreso Derivada VII,  ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la finca Soprana fueron allanadas el pasado lunes; el Ministerio Público (MP) los clausuró luego de efectuar las diligencias. 

Los fiscales localizaron más de 74 sacos con mineral en polvo, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido encontradas durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.

“La indagación continuó, y se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.