Arzú solicitó a la Sala la protección constitucional por considerar que se violenta su derecho de defensa en el proceso de antejuicio  que busca retirarle la inmunidad por supuestamente haber incitado a la violencia a vendedores informales.

El funcionario argumentó que la jueza pesquisidora, Silvia Morales, le impide ejercer su derecho de defensa por negarse aceptar que un abogado lo represente por medio de un mandato legal.

Al amparo se le dio el trámite correspondiente pero se rechazó otorgar de manera provisional la protección, queda pendiente que se finalice el análisis.

Una acción igual y con el mismo argumento, le fue rechazada pero en la en la Sala de Apelaciones de Femicidio la semana pasada.

Ante la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal también había solicitado un amparo para no acudir a las citaciones que la jueza Morales le haga, el cual le fue otorgado de manera provisional. El próximo viernes se podría dictar la sentencia.

Con esas acciones, Arzú busca no presentarse a las citaciones para mostrar sus pruebas de descargo.

Insistentes acciones

Ante la Sala Segunda también solicitó la separación de Morales como pesquisidora del caso, pero le fue rechazada.

El pasado 6 de marzo, Arzú solicitó un nuevo amparo a la Sala Tercera, en el que argumenta el rechazo de un mandatario legal que le represente en las diligencias de antejuicio.

El edil del municipio de Guatemala es sujeto de la pesquisidora por una denuncia en el Ministerio Público donde lo acusan de incitación a la violencia.

El antejuicio fue solicitado por el Ministerio Público, basado en la queja donde se explica que Arzú, durante un discurso en la Plaza El Amate, con vendedores de ese lugar,  ofreció “garrotes” para golpear a vendedores informales.