Las secuelas principales son, así mismo, las que  perjudican a los señalados, ya que muchos guardan prisión preventiva más de los tres meses que establece la ley para que se investiguen los procesos. Esa estadía se traduce en otro gasto para el Estado y en un problema de hacinamiento en los centros carcelarios.

Por años este poder del Estado ha buscado paliar esos problemas con la descentralización y la creación de nuevas judicaturas; no obstante, su mayor obstáculo es la falta de recursos.

Datos 

Un reporte que publica el OJ en su página de internet establece que  en 10 meses se han registrado 60 mil 62 audiencias en los juzgados penales, de las cuales solo se desarrollaron 35 mil 124.  Referente a ese dato, la mayor carga se concentra en el departamento de Guatemala, porque además de los 12 juzgados en la Torre de Tribunales también se toman en cuenta las diligencias de Mixco y Villa Nueva.

El portal permitió conocer que 21 mil 715 audiencias, que representan el 36 por ciento de los datos, fueron canceladas sin especificar el porqué.  Unas 17 mil 884  se suspendieron sin haber empezado, y el resto —tres mil 831— cuando ya se habían iniciado. 

Prensa Libre hizo el cálculo del gasto que representaron para el Estado esos aplazamientos, que además de afectar al sindicado contribuyeron al hacinamiento carcelario. 

Se tomó de las páginas de internet del Ministerio Público (MP), OJ y el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP) el salario promedio de jueces (Q18 mil), fiscales (Q13 mil 639) y abogados (Q15 mil 499), y el total (Q47 mil 138) se dividió en 160 horas de trabajo que la ley establece. Después se multiplicó por todas las audiencias suspendidas.

El resultado fue Q6.4 millones gastados en esos procesos prorrogados. La erogación podría ser mayor porque no se tomaron en cuenta los salarios de las secretarias, asistentes y oficiales, agentes del OJ, guardias del Sistema Penitenciario y combustible, entre otros.

Se tomó como base una hora porque es el promedio de tiempo en que  las audiencias se suspenden —se confirma que estén las partes y se verifica si el reo fue trasladado—.

Las excusas más frecuentes para cancelarlas van desde la presentación de un recurso, al cual tienen derecho, hasta  la falta de combustible en las unidades del Sistema Penitenciario para trasladar reos. “A veces lo que sucede es que el proceso no está atrasado por el juez, sino porque el MP no ha presentado las pruebas o el sindicado, haciendo uso de  su defensa, plantea recusaciones”, justificó Silvia Valdés, presidenta del OJ.

Lizandro Acuña, investigador del área de Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), agregó  que  sumado a ese costo —Q6.4 millones—  se debe tomar en cuenta la inversión del tiempo y de dinero de  las acciones que interponen los sindicados, a las cuales tienen derecho, pero que algunos usan con abuso  para dilatar.

“Las repercusión directa recae en los privados de libertad, porque se prorroga su estadía en la cárcel, pero algunos abogados, principalmente en los casos de alto impacto —amparos, recusaciones, inhibitorias— abusan de recursos para retrasar los procesos por estrategia, demora  que representa otro costo para el propio OJ”, aseguró  Acuña.

 Geidy de Mata, experta en el área penal, coincidió con Acuña con que uno de  los efectos es la dilatación para dar justicia, en términos de aceleración o prontitud. Consideró la necesidad de dar seguimiento a los procesos por los  abusos que existen, ya que  se vuelven círculos viciosos. “La justicia debe ser pronta y  apegada al principio de equidad.  Hay que tomar en cuenta que existe más demanda, y la capacidad institucional requiere de un mayor fortalecimiento”, detalló.

Wálter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explicó que los afectados son los privados de libertad  porque los tiempos procesales se alargan.

Larga espera

Unos 12 años han pasado desde que el Ministerio Público entregó la acusación contra Juan Francisco Reyes,  ex vicepresidente, en el juzgado Quinto de Instancia Penal. Diversos recursos legales, excusas por enfermedad y por trámites de  las partes procesales han mantenido estancado el proceso en dicha judicatura. En la próxima diligencia se debe decidir si Reyes López, señalado de fraude y caso especial de estafa, deberá enfrentar juicio oral.

Cuatro ocasiones

El  6 de septiembre último el Juzgado Tercero Penal suspendió por cuarta ocasión la diligencia para decidir si Salvador González, alias Eco, debía enfrentar debate oral.  Se informó que la reprogramación fue a  solicitud del Ministerio Público.

En esa ocasión el defensor pediría un procedimiento abreviado, luego de que González reconociera su responsabilidad en el caso Bufete de la impunidad. La audiencia se había programado  para  el 7 y 8 de noviembre.

No hubo traslado

Jhony Alexárder Pérez Lemus, detenido por la muerte de Ana Leonor Guerra Olmedo,  comunicadora del Hospital General San Juan de Dios, fue capturado el 13 de septiembre; sin embargo, la audiencia de primera declaración se efectuó hasta el 22. La diligencia fue suspendida en más de tres ocasiones porque agentes del Sistema Penitenciario no lo trasladaron.

El Juzgado Octavo, para evitar el problema ordenó una videoconferencia.

Nuevos juzgados reducirán la mora

Esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  inaugurará varios juzgados los cuales ayudarán a reducir la mora judicial que afecta a ese organismo, según su presidenta, Silvia Patricia Valdés.

La funcionaria afirmó que las judicaturas se habilitarán entre el 7 y 8 de diciembre próximo en Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango y Guatemala. En Quetzaltenango se inaugurará el juzgado y tribunal de Mayor Riesgo. “El primero estará a cargo de la  juez Ericka Carolina Granados, mientras el tribunal lo presidirán Léster Castillo Rodas, Jairo Boris Calderón, Andrea Vannesa Citalán y Édgar  Acabal”, declaró la funcionaria.

Agregó que en la ciudad de Guatemala los juzgados que se habilitarán son las salas tributarias, las cuales estarán ubicadas en el primer nivel de  de Finanzas Públicas. “Elizabeth Pellecer Quijada, Karina González y Fernando Aroche son los que estarán a cargo de esa instancia”, detalló.

Las otras instancias que se abrirán antes de que finalice el año son los tribunales y juzgados de Femicidio y otras Formas de Violencia, en Chimaltenango.

Los jueces que estarán a cargo son Jerson Alberto Soc, como presidente del tribunal, y los vocales asignados son: Verónica de León, Jerson  Álvaro Soc y  Adrián Rodríguez Arana. Mientras que  Javier Hernández  López tendrá a su cargo el Juzgado de Femicidio.

Adrián Rodríguez Arana actualmente dirige el juzgado Séptimo de Instancia en la Torre de Tribunales; sin embargo, fue él quien pidió su traslado, indicó Valdés, sin especificar el argumento del profesional.

Se buscó a Rodríguez Arana en la Torre de Tribunales, pero un mensaje pegado en la puerta indicaba que se encontraba en período de vacaciones y que las diligencias eran atendidas por el Juzgado Octavo. 

Rodríguez Arana fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público por el delito de prevaricato. En otro caso lo señaló de enriquecimiento ilícito. La última acusación fue presentada en septiembre del 2014, durante el desarrollo de las Comisiones de Postulación de la CSJ.

Reporte de audiencias

La Corte Suprema de Justicia registró en su portal 60 mil 62 audiencias en los primeros 10 mese del 2016.