Pese a que los contratos podrían ser lesivos para el Estado, las acciones de las autoridades judiciales son nulas o inexistentes, debido a la falta de denuncias o a la lentitud de los procesos de investigación.

El caso más reciente se registró entre la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán y la empresa M. Tarcic Engineering Ltd., la cual se encargaría, supuestamente, de limpiar dicho cuerpo de agua.

Esa firma ofreció verter un líquido cuyo efecto principal era frenar y revertir la contaminación del Lago. El contrato, que fue cancelado, era por Q137.8 millones.

La Procuraduría General de la Nación planteó una denuncia contra M. Tarcic Engineering Ltd., para que devuelva los Q22.8 millones que ya se le pagaron.

Un análisis del líquido, efectuado por el Ministerio de Salud y la Fiscalía de Medio Ambiente, evidenció que los componentes del producto son agua y sal. La exvicepresidenta Roxana Baldetti apoyó este contrato, al igual que la ministra de Ambiente Michelle Martínez.

Enfermos renales

Recientemente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) canceló un contrato suscrito con la Droguería Pisa, la cual brindaba tratamiento a enfermos renales afiliados a la institución, por Q116 millones 227 mil 35.

El 14 de mayo recién pasado, la junta directiva del Seguro Social determinó rescindir el millonario contrato con Pisa, ante la posibilidad de que el tratamiento a los afiliados no fuera el adecuad, pues habría ocasionado la muerte de 13 enfermos renales y complicaciones de salud para otros.

En abril de 2014 se rescindió un contrato para la construcción de la Plaza 13 Baktún en el aeropuerto La Aurora, pero fue reactivado en marzo de este año.

Justificación

Luego de los señalamientos, las autoridades responsables de los negocios han dejado sin efecto los contratos, con la justificación de incumplimiento de alguna cláusula o compromiso pero sin ninguna consecuencia judicial.

Sin responder

En el Ministerio Público (MP) se canalizan los casos que podrían resultar opacos para la Fiscalía contra la Corrupción, a cargo de Alexánder Villeda.

Se intentó consultar a Villeda sobre la falta de acciones judiciales contra entidades que intentan estafar al Estado, pero no respondió las llamadas a su teléfono móvil.

Información pertinente

El economista José Ramón Lam, consultor independiente, considera importante el hecho de advertir a las autoridades cuando se tenga información sobre actos irregulares en la administración pública, específicamente cuando se trata del manejo de fondos estatales.

“El problema es que no se presentan las denuncias, lo cual es sumamente necesario. El MP puede y debe actuar, siempre y cuando haya una denuncia”, explicó.

Para el exministro de Finanzas Édgar Balsells Conde, el conflicto se origina porque los órganos ejecutores del gasto adoptan una modalidad de autónomos, debido a que la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, asigna los montos y responsabiliza a las entidades.

“Deberían ir muy de la mano la auditoría interna, la Contraloría General de Cuentas y el MP. Simplemente se trata de revisar los procesos”, afirmó Balsells Conde.