Este viernes llegó a Washington para entablar una conversación con el Secretario de Estado William Brownfield.

Thelma Aldana está en ese país junto a los fiscales de El Salvador y Honduras, Douglas Meléndez y Óscar Fernando Chinchilla.

Brownfield, quien estuvo a principios de marzo en Guatemala, es quien vela por los asuntos antinarcóticos de Estados Unidos.

Durante el encuentro Brownfield, agradeció a Aldana por la llegada. “Este viaje ha sido una oportunidad muy importante para nosotros, apoyar sus esfuerzos en contra la corrupción y las reformas del sector justicia, así como también discutir el apoyo futuro a Guatemala”, expresó

Añadió: “Personalmente elogio su compromiso para resolver casos de alto impacto  y su inquebrantable compromiso para combatir la corrupción”, señaló el Secretario de Estado a la fiscal Aldana.

EE. UU. ha expresado públicamente su visión de que prevalezca la ley, particularmente en las áreas de las reformas de justicia y la protección de los derechos humanos. “Espero que continúe nuestra sólida cooperación en estos temas”, concluyó William Brownfield.

Ratifica apoyo anticorrupción

El 6 de marzo Browndield llegó a Guatemala para expresar su apoyo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Se reunió con el presidente Jimmy Morales le expresó su apoyo en temas anticorrupción, que su Gobierno apoya por medio de donaciones a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Declaración contra el crimen

La fiscal Thelma Aldana y sus homólogos de El Salvador y Honduras firmaron en conjunto con el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions una declaración conjunta contra el crimen organizado trasnacional.

“Nosotros, los fiscales generales de los Estados Unidos de América, El Salvador, Guatemala y Honduras nos comprometemos a desarrollar una estrategia regional para combatir organizaciones violentas de crímenes trasnacionales”, dice el documento.

Los fiscales reconocen que las organizaciones criminales trasnacionales y sus actividades ilícitas presentan una amenaza común para la región.

En la declaración, se comprometen a “implementar políticas y legislación nacional en cada país para aumentar la efectividad y capacidad de las agencias del orden público y ministerios públicos para combatir dichas organizaciones”.

Además, anuncian que van a aumentar la coordinación e intercambio de información para desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales y sus redes financieras de una manera más efectiva.