La del miércoles, ocurrida en la casa del hermano del exministro, Rodrigo Sinibaldi, pretendía dar con una caleta con dinero producto de los sobornos en los que habría participado el político y escandidato presidencial del Partido Patriota. Rodrigo Sinibaldi, también esta prófugo de la Justicia aunque hay registros de él en Estados Unidos.
Se presume que la caleta esta vinculada a la declaración testimonial de la asistente del exministro, Analise Herrera, quien contó al Ministerio Publico que Sinibaldi y algunos allegados habrían guardado en un vehículo una alta suma de dinero. El carro luego fue sepultado como un ahorro, narró la secretaria en su momento, aunque no existe certeza de la ejecución de ese plan.
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En el operativo del miércoles se buscaba documentos relacionados con off shores que habrían servido para comprar propiedades que beneficiaba a Sinibaldi y su entorno, producto de los sobornos ahora ventilados en el Caso Corrupción y Construcción. El 7 de agosto de 2018, Herrera declaró ante la jueza Ericka Aifán sobre este tema.
Los negocios del exministro
“Todas las acciones de las sociedades del Señor Sinibaldi estaban al portador, de hecho ninguna tenía acciones impresas. Si se necesitaban se iban a imprimir, pero cuando se hace el cambio de acciones al portador a nominales el Señor Sinibaldi le pide también Juan Arturo Jegherlener que compre varias off shore, por que todas estas iban a ser dueñas de todas las sociedades que tenían activos”, aportó Herrera a la judicatura tratando de explicar como se manejaba finacieramente el entorno del exfuncionario.
Los operativos del jueves se dieron en dos sedes relacionadas al exministro. Una en el edificio Casa Margarita, dónde curiosamente también tiene un apartamento la exvicepresidente Roxana Baldetti.
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El otro allanamiento en el Edificio Interamericas donde se ubica la inmobiliaria Invermo Corp, según se constantó mientras se realizaba el operativo.
Alejandro Sinibaldi esta prófugo de la justicia desde 2015, cuando inicio la persecución legal por casos de corrupción contra los funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina. El exministro de Comunicaciones habría cobrado entre el 10 al 15% a las empresas constructoras para otorgar contratos de obra publica.
De acuerdo a la investigación, este recibía hasta Q100 mil por constructoras. La suma de estos aportes se almacenaba en distintos lugares y producto de estos, la FECI presume que llegó a acumular hasta Q100 millones en efectivo.
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