El exfuncionario, que desde 2009 goza de nacionalidad española, defendió ante la juez de la Audiencia Nacional, en Madrid, la legalidad de sus actividades como ministro de Gobernación entre 2004 y 2007, en el gobierno de Óscar Berger.

La fiscalía acusa al exministro de diseñar con altos cargos de la policía nacional y funcionarios del sistema penitenciario dos planes para asesinar sin juicio previo a un prisionero fugado de la cárcel de alta seguridad conocida como “El Infiernito” en 2005, y a siete más que se amotinaron en la granja modelo de rehabilitación conocida como “El Pavón” en 2006.

Además, la acusación popular, representada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y la ejercida de forma particular por dos familias, acusan a Vielmann de estar implicado en la muerte de otros dos reos de “El Infiernito”.

“Yo en temas operativos no he participado, aquí se ha dicho mucha cosa que no era cierta” se defendió Vielmann ante las preguntas del fiscal sobre su supervisión del “Plan Gavilán”, que se ejecutó en octubre de 2005 para la recaptura de 19 reclusos fugados de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, conocida como “El Infiernito”.

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Los 40 años de prisión solicitados por la fiscalía suponían la pena máxima que permitía la legislación española en el momento de los hechos, indicó el fiscal en su escrito de acusación, aunque una reforma posterior en la normativa penal española habilitó penas de prisión permanente revisable.

La fiscalía responsabiliza a Vielmann, como máximo responsable de este plan, de la muerte de un reo a manos de cargos operativos de la policía y funcionarios de penitenciarías que luego alteraron la escena del crimen para escenificar un tiroteo durante la supuesta huida de uno de los reos. Otros dos de los fugados también aparecieron muertos.

Por otros hechos

En otro caso separado, en septiembre de 2006, siete prisioneros de la granja modelo de rehabilitación “El Pavón”, fueron abatidos durante una operación para recuperar el control del recinto penal que fue bautizado oficialmente como “Pavo Real”.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, las ejecuciones extrajudiciales se realizaron a sangre fría tras seleccionar al grupo de víctimas de una lista elaborada por el grupo que dirigía Vielmann.

“Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, he tenido éxito empresarial,” dijo Vielmann al fiscal en la vista del martes. “Yo mi nombre no lo iba a manchar por permitir la muerte de reclusos”. Vielmann ha dicho públicamente que los prisioneros murieron cuando se resistieron a la acción de los policías.

A lo largo de 12 sesiones hasta finales de febrero, el juicio tiene previsto que testifiquen el expresidente Óscar Berger, que lo hará por vía de teleconferencia desde Guatemala, así como familiares de las víctimas y otras personas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó 160 años de prisión e inhabilitación, 20 por cada uno de los ocho asesinatos que la acusación pública vincula a la gestión del exministro. El código penal español limita el cumplimiento a un máximo de 40 años.

El fiscal también pide que Vielmann indemnice a cada una de las familias de las víctimas con €300 mil –US$318 mil-.

Otros implicados

Una comisión respaldada por Naciones Unidas que trabaja para acabar con la impunidad criminal, la corrupción y el fin de los grupos de seguridad ilegales inició la denuncia en contra de Carlos Vielmann y algunos de sus colaboradores.

A raíz de la querella de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un tribunal suizo condenó en 2015 a cadena perpetua al que fuera el director de la Policía Nacional Civil en 2007, Erwin Sperisen, por la muerte de los siete reos del Penal Pavón. Sperisen fijó su residencia en Suiza en 2008.

El ex subdirector general de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Javier Figueroa, fue absuelto en octubre de 2013 de su participación en los hechos por un tribunal de Austria, donde se había fugado.

Vielmann fue detenido en Madrid en octubre de 2010 y quedó libre bajo fianza poco después. Guatemala solicitó la extradición del exministro en 2012, pero la Corte Constitucional no ejecutó la petición, por lo que la Audiencia Nacional española procedió a su encausamiento.